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Supremo peruano ratificó 36 meses de prisión preventiva para Castillo

A la orden se suman también18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre

La investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario (EFE/ Oficina De Administración De Justicia)

15 minutos. La Corte Suprema de Perú ratificó este viernes la decisión de imponer 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo mientras lo investigan por un caso de corrupción, tras rechazar un recurso de apelación presentado por su defensa.

"(La) Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside César San Martín Castro, ratifica 36 meses de prisión preventiva dictada contra expresidente Pedro Castillo Terrones, investigado por el presunto delito de organización criminal y otros", anunció el alto tribunal en su cuenta de Twitter.

La decisión responde a un recurso de apelación presentado por Castillo y evaluado este miércoles en una audiencia en la que su defensa reiteró que no hay riesgo de fuga puesto que este se encuentra preso, y que argumentos de convicción presentados por la Fiscalía no son jurídicos.

El exmandatario afirmó al intervenir en dicha audiencia que las autoridades judiciales de Perú le mantienen en prisión preventiva mientras lo investigan por corrupción "para cumplir una consigna", si bien no aclaró quién emitió esa orden.

"La Fiscalía pidió prisión preventiva en mi contra, no porque exista un peligro para el proceso, sino para cumplir una consigna de mantenerme en prisión a como de lugar", aseveró.

Otros delitos

A la orden de 36 meses de prisión preventiva se suma otra de 18 meses por la presunta comisión del delito de rebelión durante su intento fallido de autogolpe de Estado del pasado 7 de diciembre.

En el supuesto caso de corrupción, Castillo lo investigan por presuntamente encabezar durante su Gobierno una organización criminal dedicada a obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.

Esta investigación del Ministerio Público se oficializó después de que el Congreso aprobara el 17 de febrero el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.

El exmandatario ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.

"Hoy, más que nunca, vuelvo a rechazar enfáticamente que jamás he liderado o sido parte de una red criminal, jamás he sido cómplice de un delito sin autor", sostuvo este jueves el exjefe de Estado.

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