Demanda contra Piñera por crímenes de lesa humanidad no será analizada por el TPI

El papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, recibió críticas por posibles excesos en sus intervenciones para controlar a los manifestantes en 2019

El Gobierno de Piñera declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las protestas (DPA/EP/Diego Martin)

15 minutos. El Tribunal Penal Internacional (TPI) informó al Estado de Chile que no iniciará una examen preliminar de las demandas contra el presidente Sebastián Piñera por crómenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el marco de las protestas que comenzaron el 18 de octubre de 2019.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores chileno detalló que, después de evaluar “todos los antecedentes disponibles”, el TPI descartó “fundadamente” que “existan antecedentes sobre situaciones que puedan ser consideradas delitos sobre los que el TPI tenga jurisdicción”.

En este sentido, concluyó que “las situaciones que le fueron comunicadas carecen del mérito necesario para abrir un examen preliminar”.

“Sin perjuicio de lo anterior, el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la oficina del fiscal (Karim Khan) y el TPI, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”, dijo la cartera de Exteriores.

Crímenes de lesa humanidad

Varias organizaciones denunciaron ante el TPI a Piñera y a otras autoridades políticas y policiales por crímenes de lesa humanidad en abril.

El recurso lo presentó el exjuez español Baltasar Garzón. Lo impulsaron la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia.

El 18 de octubre de 2019, el pueblo de Chile salió masivamente a las calles para protestar por el alza del precio del transporte público.

Las movilizaciones se mantuvieron constantes durante varios meses. Canalizaron el descontento de la sociedad por la apabullante desigualdad.

Las demandas escalaron rápidamente. Una de las principales fue la redacción de una nueva Carta Magna. La vigente en aquel momento databa de la dictadura de Augusto Pinochet, que cayó en 1990.

El Gobierno de Piñera declaró el estado de emergencia y un toque de queda para aplacar las protestas. No escuchó las demandas de los ciudadanos en un primer momento. Además, el papel de las fuerzas de seguridad, especialmente los Carabineros, recibió críticas por posibles excesos en sus intervenciones.

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