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Confirman condena del excoronel Montano por matanza de jesuitas en El Salvador en 1989: 133 años

El Supremo de España ratificó la sentencia de lo que denomina "auténtico relato de terror y del horror"

De 78 años y con un delicado estado de salud, a Montano lo condenaron por 5 asesinatos de carácter terrorista (Cortesía Twitter @porttada)

15 minutos. El Tribunal Supremo de España confirmó la condena a 133 años y 4 meses de cárcel al excoronel y exviceministro de Seguridad Pública de El Salvador, Inocente Montano, por los asesinatos de 5 jesuitas españoles en 1989, entre ellos Ignacio Ellacuría.

Apenas 5 meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ratificó la sentencia sobre lo que denominó "auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado".

Terrorista

De 78 años y con un delicado estado de salud, a Montano lo condenaron por 5 asesinatos de carácter terrorista. Específicamente, los de los religiosos españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno. Los hechos ocurrieron la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana y en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años. Sin embargo, no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos (EEUU) su extradición por estos hechos.

La sentencia llegó más de 31 años después de la matanza de jesuitas en El Salvador. En ella se estimó probado que los asesinatos fueron urdidos, planeados, acordados y ordenados por los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas salvadoreñas. De este formó parte no solo el condenado sino también el entonces presidente de la República, Alfredo Cristiani, a quien la justicia salvadoreña se negó a entregar a España.

Al ver amenazada su situación de poder y de control ante la ofensiva desarrollada en noviembre de 1989 por el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FLMN), el Alto Mando decidió ejecutar a Ellacuría, rector de la Universidad y quien de forma más intensa intentó llevar a las 2 partes en conflicto a la paz, mediante el diálogo y la negociación.

Orden directa

Siguiendo un plan preconcebido, dieron la orden directa, personal y ejecutiva al coronel Guillermo Benavides -único condenado en El Salvador- de ejecutar al jesuita "sin dejar testigos vivos de ello". Pusieron bajo su mando a 40 soldados del batallón de élite Atlacatl, entrenados por el ejército de EEUU, fuertemente armados y equipados, por orden del mismo Alto Mando, a través del Jefe de Estado Mayor.

Fue, dejó claro el Supremo, una decisión "tan grave" como la de "ejecutar con el propio instrumento de seguridad del Estado". Es decir, se adoptó "desde el poder establecido y utilizando 'las armas del poder' frente a unas víctimas absolutamente indefensas a las que matan por unos teóricos ideales que tenían, y/o relacionándolos con movimientos de resistencia pública". "Nada pudieron hacer para defenderse".

En el fondo subyacía el papel de la Iglesia como mediadora para tratar de acabar con la sangrienta guerra civil. Esta les granjeó la enemistad de la extrema derecha, quien temía que en la negociación se les privase de sus privilegios. Dentro de la Iglesia se enfocó especialmente en la figura de Ellacuría.

Indefensos

Pero lo que se perpetró fue "un auténtico asesinato con modalidad amparada en el 'terrorismo de Estado' para alterar en realidad la convivencia social y llevar a cabo 'crímenes de Estado'".

Fue "un acto alevoso tendente a asegurar el crimen y a evitar cualquier opción de defensa". El Alto Mando de las Fuerzas Armadas "participó en la decisión de ordenar" asesinar tanto a Ellacuría como a los que se encontrasen allí, sin importar quiénes, para que no hubiera testigos.

Las víctimas, que dormían cuando fueron a asesinarlas, no tuvieron ninguna capacidad de defensa. No eran parte del conflicto armado, subrayó el Supremo. En este sentido, el crimen "fue más allá de la gravedad y consecuencias del atentado" contra su vida. "Pretendía aniquilar las esperanzas de paz de toda una sociedad, hostigada después de 10 años de guerra interna".

Otra historia en El Salvador

El Supremo español destacó que Montano, en prisión desde 2017, estuvo presente en todas las reuniones donde se decidieron los asesinatos. Asimismo, señaló que los cuerpos de seguridad dependían directamente de él.

Mientras, en El Salvador la Corte Suprema cerró recientemente la causa penal contra el resto de los autores intelectuales de la matanza de jesuitas que señala la sentencia española, dictada en virtud del principio de justicia universal. La Fiscalía recurrió la decisión y pidió la recusación de los magistrados que acordaron el archivo.

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