7 de abril de 2020 2:49 PM | Con información de EFE

15 minutos. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, fue condenado este martes a ocho años de cárcel por autor del delito de cohecho agravado, por el que perdería, además, sus derechos políticos durante 25 años. Así lo dictaminó el tribunal penal de la Corte Nacional de Justicia.

De acuerdo con la sentencia, Correa y el exvicepresidente Jorge Glas, quien fuera su estrecho colaborador, fueron sentenciados como autores del delito de cohecho. Asimismo, la mayor parte de la veintena de imputados en la misma causa fueron declarados como coautores y dos exfuncionarias de la Presidencia como cómplices.

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Tanto para Correa como para Glas, el panel de tres jueces que compone el tribunal emitió una condena de ocho años de prisión, además de la inhabilitación de la política durante 25 años.

"La sentencia como tal debe ratificarse o no en segunda instancia. Todavía ninguna pena esta ejecutoriada. Esto debe llegar hasta casación y resolverse para estar en firme". Así lo explicó una fuente judicial sobre el alcance de la condena.

El exmandatario también enfrenta el pago de una suma por daños y perjuicios, así como una reparación integral con la colocación de una placa en el Edificio de la Presidencia de la República, pidiendo disculpas públicas.

Los motivos

La sentencia acusa a Rafael Correa de liderar una red de corrupción entre 2012 y 2016. A través de ella, recibió "aportes indebidos" en el palacio presidencial de Carondelet para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País. Esto, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.

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El expresidente ecuatoriano, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, calificó "de payasada" el juicio. Su defensa cuestionó la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.

En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de dar las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente. "Todo estaba organizado desde arriba", dijo.

Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares. Es decir, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.