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Por estas razones un fiscal de Florida pide no aprobar la ley antiprotestas

Andrew Warren afirma que socava directamente libertades consagradas en la Primera Enmienda

La iniciativa, que avanza en el Congreso del Estado tiene el apoyo del gobernador (EFE/Cristobal Herrera/Archivo)

15 minutos. Un fiscal de Florida señaló este miércoles que el polémico proyecto conocido como ley antiprotestas no sirve a fiscales ni a los departamentos de Policía para manejar los disturbios y, por el contrario, infringe los derechos a las manifestaciones pacíficas y la libertad de expresión.

Andrew Warren, fiscal estatal del condado de Hillsborough, en el centro de Florida, urgió este miércoles a los legisladores, a través de una carta, a no aprobar dicha iniciativa que avanza el Congreso de Florida, de mayoría republicana, que cuenta con el apoyo del gobernador Ron DeSantis.

"El proyecto de ley contra las protestas (HB1 / SB484) no ayuda a los fiscales y socava directamente las libertades de expresión y reunión de la Primera Enmienda al penalizar las protestas pacíficas de muchos basadas en la conducta ilegal de unos pocos", afirmó Warren al compartir su comunicación en la red social Twitter.

"Este proyecto de ley no le da a la policía ni a los fiscales ninguna herramienta nueva importante para manejar los disturbios", asegura.

Agregó que no ayuda a identificar un "pequeño número de malos actores" en medio de manifestaciones pacíficas.

El fiscal agrega que la iniciativa, considerada por grupos civiles como una ley antiprotestas, es además inconstitucional.

Una medida de DeSantis

DeSantis anunció el proyecto en 2020 tras las manifestaciones por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco.

Los detractores del proyecto, el HB1 de la Cámara baja y su par en el Senado, el SB484, critican que se trata de una medida de DeSantis "en respuesta" a las masivas protestas nacionales de BLM de 2020.

Consideran además que fomentará aún más la discriminación de minorías. Alegan que estas estarían sometidas a las autoridades y a su discreción a la hora de calificar una protesta como un movimiento pacífico o disturbios.

En caso de ser aprobada en ambas cámaras, la medida entraría en vigor el 1 de julio.

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