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La última decisión sobre el acceso de menores migrantes a los abortos

En EEUU, este procedimiento es legal en la práctica desde 1973

La decisión es resultado de un litigio con la Unión Americana de Libertades Civiles (Pixabay)

15 minutos. Los centros financiados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de Estados Unidos (EEUU) no podrán interferir en el acceso de las menores migrantes, no acompañadas y bajo su cuidado, a procedimientos de abortos, según un reglamento difundido este martes por esa entidad.

La decisión es resultado de un litigio con la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). La asociación celebró el cambio en la política de dicha entidad después de una orden judicial emitida por un tribunal.

En un memorándum con fecha del 29 de septiembre, la ORR precisó que si las menores migrantes no acompañadas obtienen una disposición judicial que autorice a un médico a practicarles abortos, el personal federal de la institución “no emprenderá acciones” para evitarlo.

La disposición señaló que la menor puede recibir una “derivación judicial” estatal. Así se conoce la disposición legal que permite que un tribunal asuma el papel de los padres o tutor de la menor, o que la joven migrante eluda el consentimiento de estos.

Sin embargo, el documento aclaró que si un médico “busca el consentimiento de la ORR o del personal del proveedor de atención de la ORR para realizar un aborto”, la política sigue siendo que ni esa entidad “ni el proveedor de atención pueden dar su consentimiento".

La subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU, Brigitte Amiri, se declaró “aliviada”. Después de 3 años de batallar en la corte, el Gobierno finalmente ha “abandonado sus intentos” de impedir que las jóvenes migrantes bajo su custodia puedan acceder a abortos.

El caso, según un comunicado emitido por ACLU, es producto de una demanda que esa organización presentó en 2017 a nombre de Jane Doe. Esta migrante centroamericana en ese entonces tenía 17 años y batalló hasta que le permitieron abortar.

Decisión personal

La organización Jane's Due Process (El debido proceso de Jane) y otros grupos que trabajan con inmigrantes jóvenes descubrieron que la ORR, que tiene la custodia de inmigrantes menores de edad 18 que llegaron al país sin padres, tenía como política impedir que las embarazadas accedieran a servicios de aborto. Además, trataba de coaccionarlas para que llevaran a término los embarazos en contra de su voluntad, detalló ACLU.

ACLU relató que Jane se enteró de su embarazo después de ser internada en un refugio financiado por el Gobierno. Pese a que solicitó el aborto, los funcionarios federales le impidieron el acceso a ese servicio. La obligaron a recibir asesoría en un "centro de crisis de embarazo" de afiliación religiosa.

Además, notificaron, sin su consentimiento, a sus familiares.

“Estoy muy contenta de saber que lo que me pasó a mí nunca le pasará a nadie más”. Así lo afirmó la joven, citada en el comunicado, quien defendió que la decisión de tener un aborto “es personal”.

El pasado viernes, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva con la que busca asegurar el cuidado médico para recién nacidos durante procedimientos de aborto. Estos casos ocurren con muy poca frecuencia.

Pese a que las leyes vigentes ya protegen la vida de los recién nacidos, en su orden ejecutiva Trump aseguró que en algunos hospitales se niega la atención médica a bebés extremadamente prematuros o con enfermedades. "Incluso cuando los padres piden tratamiento".

En EEUU, el aborto es legal en la práctica desde 1973. El Tribunal Supremo declaró inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.

Sin embargo, el movimiento ultraconservador y los republicanos han tratado en los últimos años de restringir o prohibir el derecho al aborto en el país.

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