15 minutos. Más de la mitad de los ciudadanos latinoamericanos dice que la corrupción está aumentando y que su gobierno no hace lo suficiente para combatirla, según un estudio de la ONG Transparencia Internacional (TI) publicado este lunes.
Destaca el porcentaje de venezolanos que creen que la corrupción aumentó en el último año, 87 %, muy por encima de los resultados en otros países. Le siguen República Dominicana (66 %) y Perú (65 %).
La edición regional del décimo Barómetro Global de la Corrupción, una encuesta a más de 17.000 personas de 18 países, apunta que 53 % de los interrogados cree que en los últimos doce meses empeoró la situación, una tasa algo inferior al 62 % del muestreo anterior, publicado en 2017.
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Además, 85 % de los encuestados mantiene que la corrupción en el Ejecutivo es un gran problema y 57 % señala que los gobiernos no están haciendo un buen trabajo atendiendo esta cuestión. Sólo uno de cada cinco dice tener “confianza” en su gobierno.
“Lo que nos dicen es que la situación no mejora, más bien que sube la preocupación. Pero no sólo por la corrupción, también por las dificultades gubernamentales para dar una respuesta al problema”, explica la directora ejecutiva de TI, Patricia Moreira.
Sobornos
El estudio revela que 20 % tuvo que pagar un soborno para acceder a un servicio público básico, como el agua y la sanidad. Los países más afectados son Venezuela (donde 50 % asegura haber pagado), México (34 %) y Perú (30 %). Costa Rica, con sólo un 7 %, aparece en el otro extremo de la clasificación.
También se pone en relieve que la corrupción afecta especialmente a las mujeres. Ellas se ven forzadas en más ocasiones a pagar sobornos por servicios sanitarios y educativos. Además, una de cada cinco denuncia haber sufrido una extorsión de carácter sexual.
“Es muy importante estudiar en profundidad el vínculo entre corrupción y género. La corrupción es un tabú en muchos sitios; y la discriminación sexual, también. La corrupción contra la mujer es por tanto un doble tabú. Por eso es importante darle espacio y visibilidad a este asunto. Si no, no se puede contrarrestar”, explica Moreira.
Corrupción en elecciones
Las malas prácticas están además estrechamente ligadas con las elecciones, según se desprende de esta encuesta. 65 % piensa que sus representantes están influidos por intereses privados y 25 % asegura que se le ofreció dinero a cambio del voto.
La compra de votos, por su parte, aparece como endémica en México. En el país norteamericano 50 % aseguró que se le ofreció dinero para respaldar a un partido o candidato, seguido por República Dominicana (46 %), Colombia y Brasil (40 %).
“Algo muy llamativo es la compra de votos en México. Es un caso excepcional, el país más destacado en este apartado. Otro dato preocupante es que un 25 % de los que se le ofreció dinero dice que fue amenazado para votar realmente por lo que se le pagó“, señala la directora ejecutiva de TI.
La policía aparece en general como el servicio más corrupto (a quienes dicen haber pagado 24 % de los interrogados), seguido por los proveedores de servicios básicos (19 %), los emisores de documentos de identidad (15 %), los colegios (12 %), los juzgados (11 %) y los centros sanitarios (10 %).
Caso venezolano
Además destaca el porcentaje de venezolanos que creen que la corrupción aumentó en el último año, 87 %, muy por encima de los resultados en otros países. Le siguen República Dominicana (66 %) y Perú (65 %).
Los venezolanos son también quienes más pesimistas se muestran sobre la actuación de su gobierno: 91 % cree que lo está haciendo mal, seguidos por los ciudadanos de Panamá (79 %) y República Dominicana (72 %). Sobresalen en sentido contrario México, donde el 61 % piensa que su Ejecutivo lo está haciendo bien en la lucha contra la corrupción.
“Lo que está pasando con Venezuela no es aceptable ni sostenible”, apuntó Moreira.
Consecuencias
El barómetro también señala que tres de cada cuatro encuestados cree que denunciar la corrupción les conllevará “represalias” (especialmente en El Salvador, Honduras, Jamaica y Venezuela). No obstante, el 77 % confía en que cualquiera puede marcar una diferencia en la lucha contra estas malas prácticas.
Sobre estos resultados, TI insta a los gobiernos a castigar la compra de votos y a mejorar la eficiencia de los servicios públicos. También pide que se proteja a los denunciantes y que se reconozca la extorsión sexual como una forma de corrupción.
