15 minutos. El fin de una excepción en las sanciones de Estados Unidos (EEUU) a Venezuela, que permite el canje de petróleo crudo por combustible diésel, agravará la profunda crisis humanitaria que padecen los venezolanos. Así lo afirmaron este martes más de un centenar de organizaciones civiles.
La Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y 115 organizaciones e individuos en Venezuela enviaron una carta al secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo; y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, instándolos a mantener dicha excepción.
Durante años, EEUU ha impuesto sanciones contra el régimen de Venezuela y sus funcionarios. La Administración Trump las ha intensificado durante la gestión de Nicolás Maduro.
Entre los firmantes de la carta están Acción Solidaria, el Programa Venezolano de Acción sobre Derechos Humanos (Provea) y la Asociación Venezolana de Servicios de Salud Cristianos (Avessoc).
Los firmantes hicieron referencia a “recientes informes de prensa según los cuales el Gobierno de Estados Unidos planifica terminar las excepciones a las sanciones aplicadas a las transacciones de combustibles con Venezuela en octubre”.
“Si esto es cierto, nos alarma el hecho de que esta nueva medida apunta a los canjes de diésel con compañías en Europa y Asia, que representan casi el 80 % de los fletes de (petróleo) crudo que salen de Venezuela”, añadieron.
Sin la excepción a esas sanciones, muchos morirán
Esta decisión “tendría consecuencias devastadoras para una población que ya sufre una profunda crisis humanitaria. En Venezuela, el diésel se usa principalmente para la generación de energía y el transporte de carga a granel”.
“La interrupción del acceso al diésel en el país podría empeorar las condiciones de vida de millones de venezolanos que dependen de una cadena de suministros derruida”, aseguraron los firmantes.
En este sentido, la carta detalló que el combustible diésel se usa para los generadores de electricidad de emergencia. Especialmente, los empleados por casi todas las clínicas privadas y algunos hospitales públicos. Incluye los generadores enviados en algunos de los primeros embarques de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional.
“En 2018, el 85 % del consumo de diésel en vehículos privados se usó para el transporte de carga y el 15 % para el transporte de pasajeros”, apuntó la nota. Igualmente, precisó que “más del 70 % de la población venezolana depende del transporte público para comprar comida y alimentos“, agregó.
El grupo instó a la comunidad internacional a rechazar “el autoritarismo”. Asimismo, a apoyar “las demandas de los venezolanos por elecciones limpias y legítimas”. También indicó que “las restricciones adicionales sobre las importaciones de combustible solo agravarán los sufrimientos del pueblo venezolano”. El fin de esa excepción a las sanciones no servirá para “acercar el país a una transición democrática”.
