15minutos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles 27 de noviembre sanciones para 21 funcionarios de seguridad y de gabinete alineados con el mandatario venezolano Nicolás Maduro y vinculados con la represión postelectoral.
Las personas sancionadas son altos funcionarios incluidos miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (BNP), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), alineadas con Maduro.
Según la OFAC, estas personas fueron sancionadas “de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13692, con sus modificaciones, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela. Han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro de reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio, ignorando así la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”.
Destaca el comunicado que “tras las elecciones, las fuerzas de seguridad venezolanas han detenido arbitrariamente en masa a partidarios de la oposición democrática, han reprimido violentamente las protestas y han negado a las personas el derecho a reunirse pacíficamente sin represalias. Estas tácticas también incluyeron la emisión de una orden de arresto injustificada contra el presidente electo Edmundo González Urrutia, lo que provocó su salida de Venezuela”.
El subsecretario interino del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Bradley T. Smith señaló que “las acciones represivas de Maduro y sus representantes tras las elecciones presidenciales venezolanas son un intento desesperado por silenciar las voces de sus ciudadanos”. Preciso que “Estados Unidos seguirá poniendo en evidencia a quienes intentan utilizar la violencia y la intimidación para socavar la gobernabilidad democrática y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión”.
El Departamento de Estado también informó que, al mismo tiempo está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visas en virtud de “la Proclamación Presidencial 9931 a las personas afines a Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y/o son responsables de actos de represión. Con estas acciones, hasta la fecha se ha identificado a casi 2.000 personas sujetas a restricciones de visas por su papel en socavar la democracia, participar en actos de corrupción significativos o violar los derechos humanos del pueblo venezolano”.
Diez miembros de la GNB encabezan la lista de sancionados por la OFAC, que señala en su comunicado que este órgano de seguridad encabezó la violenta represión posterior a las elecciones y que “utilizaron sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores y llevar a cabo detenciones arbitrarias”. Precisa que “la GNB no impidió que grupos armados no estatales acosaran y atacaran a los manifestantes el 30 de julio”.
Los sancionados son: Dilio Guillermo Rodríguez Díaz, comandante de la REDI Capital, excomandante de la de la ZODI Capital 81 y exrector de la Universidad Militar Bolivariana. José Yunior Herrera Duarte, jefe del Comando de Zona No. 51 de la GNB desde el año 2022. Carlos Eduardo Aigster Villamizar, comandante y general de división del estado Miranda de la ZODI desde el año 2023, se desempeñó como jefe de la Zona No. 62 de la GNB en el estado Bolívar. Jesús Rafael Villamizar Gómez, comandante de la REDI Central desde 2024, fue comandante de la ZODI de La Guaira y jefe de la Guardia de Honor Presidencial, también es sospechoso de enriquecimiento personal mientras trabajaba como funcionario venezolano de alto rango.
También están sancionados: Ángel Daniel Balestrini Jaramillo, excomandante de la ZODI Aragua. Pablo Ernesto Lizano Colmenter, fue comandante de la ZODI Carabobo. Luis Gerardo Reyes Rivero, se desempeñó como comandante y general de división de la ZODI Yaracuy. José Alfredo Rivera Bastardo, director de servicios de la División de Mantenimiento del Orden Interno de la GNB desde el año 2024 y fue comandante de la ZODI Falcon. Alberto Alexander Matheus Meléndez, director de la División de Logística de la GNB y exjefe del Comando Nacional Antidrogas de Venezuela. Jesús Ramón Fernández Alayón, director de Preparación Operacional de la GNB; también fue jefe del Comando de Vigilancia Costera y comandante de la Zona de Comando de la GNB en Lara.
Represión postelectoral
Cuatro funcionarios integran la lista de oficiales de los cuerpos de seguridad, que según la OFAC han contribuido a la violencia posterior a las elecciones. Los sancionados son: Rubén Darío Santiago Servigna, General de Brigada del BNP desde 2023; También es el oficial encargado a nivel nacional de la implementación del operativo electoral de seguridad ciudadana. Alexis José Rodríguez Cabello, director del SEBIN, primo del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, sancionado por la OFAC desde 2018. Javier José Marcano Tabata, jefe de la DGCIM y de la Guardia de Honor Presidencial. Y, Orlando Ramón Romero Bolívar comanda la Milicia Bolivariana y excomandante central de la REDI.
Funcionarios
Destaca la OFAC que los funcionarios sancionados son “responsables de ejecutar políticas que apoyan actos antidemocráticos, se incluyen a: Aníbal Eduardo Coronado Millán, ministro de la Oficina del presidente desde abril de 2024 y Monitor de Desempeño Gubernamental de la Oficina del presidente. También es el “jefe de gobierno” en el Territorio Insular Francisco de Miranda y sirvió en la Guardia de Honor Presidencial. William Alfredo Castillo Bolle, viceministro de Políticas Antibloqueo en el Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior de Venezuela desde 2022.
Ricardo José Menéndez Prieto, vicepresidente de Planificación en la Vicepresidencia desde 2014 y se desempeñó como ministro de Educación Superior, ministro de Industria y ministro de Ciencia, Tecnología e Industria Intermedia. Freddy Alfred Nazaret Ñanez Contreras, ministro del Poder Popular para la Comunicación y vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Maduro. Daniella Desiree Cabello Contreras, presidenta de la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela. Se desempeñó como presidenta de la Fundación Marca País de Venezuela, quien reportaba directamente a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Eloina Rodríguez Gómez, sancionada por la OFAC desde 2018. Hija de Diosdado Cabello Rondón.
También integran la lista, Julio José García Zerpa, ministro de Servicios Penitenciarios desde 2024. Anteriormente, se desempeñó como diputado por el estado Táchira y es primer vicepresidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), alineada con Maduro. América Valentina Pérez Dávila, segunda vicepresidenta de la AN (alineada con Maduro).
Implicaciones de las sanciones
Las sanciones tienen implicaciones como que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente, y de cualquier entidad que sea de su propiedad directa o indirecta, en un 50 por ciento o más, de forma individual o con otras personas bloqueadas, que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser informados a la OFAC. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera”, precisa la OFAC.
Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de medidas coercitivas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona designada.
