Fiscalía de Venezuela abrió investigación a la líder opositora María Corina Machado por apoyar la Ley Bolívar

Según el comunicado del Ministerio Público a Machado le podrían imputar delitos como traición a la patria, conspiración y asociación para delinquir

La llamada Ley Bolívar prohíbe a las entidades del gobierno federal contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro (@Correodelcaroní)

15minutos. El Ministerio Público de Venezuela informó este viernes que inició una investigación a la líder opositora María Corina Machado, por manifestar su apoyo a la Ley Bolívar aprobada recientemente por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Según el comunicado publicado en el perfil de Instagram de la Fiscalía venezolana, a Machado se le estaría imputando los delitos de “traición a la patria; conspiración con países extranjeros y asociación para delinquir”.

Señala el documento que la Fiscalía “ha decidido iniciar una investigación contra la mencionada indiciada para ser imputada, por su promoción y apoyo a dicho adefesio jurídico que patrocina terribles actos delincuenciales contra el pueblo venezolano”.

“Los pronunciamientos públicos que ha realizado en torno a este irrito proyecto de ley, la involucran gravemente y constituyen la comisión de los delitos de traición a la patria, establecido en el artículo 128 del Código Penal; conspiración con países extranjeros, establecido en el artículo 132 del Código Penal; y asociación para delinquir en el artículo 37 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada”, menciona el comunicado del Ministerio Público.

Estas imputaciones llegan luego que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto de Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Ilegítimo Régimen Autoritario Venezolano (Bolívar) y que Machado sostuviera una conversación en redes sociales con el senador Rick Scott, en la que celebraba esta aprobación y dijo que había llegado el momento de actuar.

La llamada Ley Bolívar prohíbe a las entidades del gobierno federal contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro, así como con cualquier gobierno sucesor de Venezuela no reconocido como legítimo.

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