15 minutos. A escasos días de la juramentación presidencial, prevista para el viernes 10 de enero, la oleada represiva del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela sigue en ascenso, registrándose nuevas detenciones y desapariciones forzadas en menos de 24 horas.
El partido opositor Vente Venezuela (VV) denunció las detenciones arbitrarias de seis activistas en los estados Trujillo y Bolívar. Los arrestados son Darío Durán, Marianela Ojeda, Eduardo Briceño, Francisco Graterol, Robert Rea y Jeremy Santamaría. Estas aprehensiones se suman a los casos de Enyer Abreu Jordan (detenido el sábado en Trujillo) y Simón Vargas (arrestado el 2 de enero en Táchira).
Además, se conoció la desaparición forzada del exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) y excandidato presidencial Enrique Márquez. La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que Márquez fue interceptado por agentes encapuchados la noche del 7 de enero. Márquez fue un crítico abierto del fraude electoral, exigiendo la publicación de las actas de votación.
Por su parte, el candidato Edmundo González Urrutia denunció el secuestro de su yerno Rafael Tudares mientras llevaba a sus hijos a la escuela. Según González Urrutia, Tudares fue interceptado por hombres encapuchados que lo subieron a un vehículo.
En paralelo, la líder de Vente Venezuela María Corina Machado denunció el hostigamiento contra su familia. Dijo que la vivienda de su madre en Caracas fue rodeada y vigilada con drones y sufrió cortes de electricidad.
Graves violaciones de derechos humanos
Asimismo, la ONG Espacio Público alertó sobre la desaparición de Carlos Correa, su director ejecutivo. “Se desconoce el paradero de nuestro director ejecutivo Carlos Correa desde las 5:00 p. m. aproximadamente, de este 7 de enero. No ha sido posible establecer comunicación. Según testigos, fue interceptado en el centro de Caracas por presuntos funcionarios encapuchados. Exigimos al Estado que aparezca sano y salvo”, escribió la ONG en X.
Todo esto ocurre después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera un informe el 7 de enero, en el que documenta graves violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de julio. Según el informe, las acciones represivas han dejado 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, 2.000 detenciones arbitrarias y casos de torturas y tratos crueles.
