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El Vaticano condena a cárcel a dos exdirectivos del IOR

Se trata de la primera sentencia en primer grado emitida por la justicia del Vaticano por un delito financiero, en este caso lavado de dinero

Ninguno de los imputados estaba presente en el aula donde se ha desarrollado la audiencia judicial (EFE/EPA/VATICAN MEDIA)

15 minutos. El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, presidido por el juez Giuseppe Pignatone, condenó a 8 años y once meses de cárcel, además de una multa de 12.500 euros, al expresidente del Instituto para Obras de Religión (IOR), Angelo Caloia de 81 años, y al abogado ligado al instituto, Gabriele Liuzzo de 97 años, por delitos de malversación de fondos y lavado de dinero. 

Al otro imputado en el caso, Lamberto Liuzzo, de 55 años, lo condenaron a 5 años y dos meses de prisión.

Se trata de una sentencia en primer grado pero, en cualquier caso, es la primera emitida por la justicia del Vaticano por un delito financiero. Ninguno de los imputados estaba presente en el aula donde se desarrolló la audiencia judicial.

Según hizo saber la oficina de prensa del Vaticano en un comunicado, el tribunal de apelaciones confirmó medidas cautelares contra Lamberto Liuzzo que pasan por el secuestro de 14 millones de euros en cuentas bancarias del IOR y otros 11 millones de euros en cuentas bancarias suizas.

Investigación del caso

Se les acusaba de haber obtenido en forma ilícita millones de euros producto de operaciones inmobiliarias realizadas entre 2001 y 2008. En concreto se les acusó por la venta de 29 edificios repartidos en Italia, por los cuales podrían haber ganado hasta 70 millones de dólares.

El fiscal del Vaticano, Giampiero Milano, abrió en mayo de 2018 el juicio oral ante las evidencias de que ambos funcionarios desviaron más de 50 millones de euros entre 2001 y 2008 en una operación ilícita a través de la venta de una parte considerable de los activos de bienes raíces del instituto bancario. En esa gestión también estuvo implicado el exdirector general del IOR, Lelio Scaletti, que falleció antes de que se cerraran las investigaciones.

Las pesquisas comenzaron en 2014 tras una denuncia presentada por el propio IOR. El IOR se personificó como parte civil subsidiaria en este juicio, confiriéndole el derecho de exigir una indemnización, en caso de que los hallen culpables.

De hecho, el promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Diddi, el mismo que está investigando el caso de la compra opaca de un inmueble de lujo en Londres que habría provocado pérdidas millonarias a las finanzas del Vaticano, había confiscado de forma preventiva 32 millones de euros de sus cuentas bancarias, algunas abiertas precisamente en el IOR, además del secuestro de bienes inmuebles por valor de 25 millones de euros.

El tribunal del Vaticano impuso de momento el pago de una indemnización provisional de 23 millones de euros, cifra que se calculará de nuevo en función de la determinación real del daño infringido en otro juicio paralelo en el Vaticano.

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