15 minutos. La región española de Cataluña vive este jueves una tensión creciente tras los disturbios de los tres últimos días en sus principales ciudades y las fricciones políticas sobre la violencia callejera y el amago del gobierno autónomo catalán de convocar un nuevo referéndum ilegal de “autodeterminación”.
Barcelona vivió la noche del miércoles la peor jornada de violencia en las protestas por la sentencia del Tribunal Supremo español que el lunes pasado condenó a nueve líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 de prisión por organizar una consulta de ese tipo el 1 de octubre de 2017, declarada inconstitucional.
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La sentencia judicial originó una oleada de fuertes críticas de las autoridades catalanas y de los partidos independentistas. Además, generó protestas callejeras multitudinarias que acaban en algaradas nocturnas, cada vez más violentas, a cargo de grupos radicales.
Hasta ahora detuvieron a 97 personas por los incidentes, de los que cuatro están ya en prisión provisional por orden judicial. Además, 194 agentes resultaron heridos en las refriegas.
El ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió que no habrá “impunidad” contra los violentos. Además, insistió en que los autores de esos disturbios son personas vinculadas a movimientos que pretenden alterar el orden público bajo pretextos políticos.
Manifestaciones violentas
A los incidentes nocturnos se suman cortes de calles, carreteras y vías férreas todos los días. Además grupos extremistas bloquearon los accesos al aeropuerto de Barcelona el lunes pasado.
La capital de Cataluña, Barcelona, es donde los disturbios se suceden con más virulencia; los radicales levantan barricadas con hogueras y atacan a las fuerzas policiales en las manifestaciones, resultando en destrozos urbanos y decenas de detenidos y heridos.
El miércoles quemaron varios automóviles y 400 contenedores de plástico, lo que dejó grandes humaredas. Por otra parte, los exaltados llegaron a lanzar pirotecnia contra un helicóptero policial, así como bombas incendiarias y ácido contra los agentes.
La policía regional (Mossos d’Esquadra), encargada del orden público en Cataluña, trata de contener a los radicales con el apoyo de otras fuerzas de seguridad enviadas por el Gobierno central.
Este jueves, miles de estudiantes se manifiestan en la capital catalana a favor de la “república”, convocados por organizaciones estudiantiles independentistas y de izquierda.
También piden la dimisión de todo el gobierno regional por la “brutalidad generalizada” con que se reprimen las manifestaciones.
Mientras tanto, prosiguen las “marchas por la libertad”, que discurren a pie por carretera para concentrarse en Barcelona este viernes, cuando está convocada una huelga general en toda Cataluña.
Reproches al presidente catalán
En este ambiente, el presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, recibió duras críticas del Gobierno español y de partidos no independentistas por su ambigüedad y tardanza en condenar los episodios violentos y apoyar a la policía. Y también reproches de sectores secesionistas por la actuación policial.
Liberales, conservadores y socialistas, entre otros opositores catalanes, pidieron a Torra que dimita pero antes convoque elecciones regionales anticipadas.
Ante el Parlamento catalán, Torra se defendió asegurando que rechaza y condena todas las violencias y apuesta por la vía pacífica para alcanzar la independencia.
Torra dijo que hay que “investigar hasta el fondo” para saber quién hay detrás de los incidentes; pidió hacer autocrítica por la actuación de la policía regional catalana y reclamó que nadie criminalice la “desobediencia civil”.
Al calor de la sentencia del Tribunal Supremo, el presidente catalán anunció que habrá que “volver a poner urnas para la autodeterminación“.
La vicepresidenta del Ejecutivo español, la socialista Carmen Calvo, le advirtió de que “hay un límite a partir del cual está el Código Penal”, pues votar es la “piedra angular” de la democracia, pero siempre dentro de la legalidad.
También el partido independentista de izquierda ERC, que gobierna en coalición con Torra, le advirtió de que “no es el momento” de poner fechas a la autodeterminación. Sin embargo, el partido abogó por forzar al Ejecutivo español a sentarse a una mesa “de diálogo y negociación” sobre el futuro político de Cataluña.
