15 minutos. Las autoridades de Singapur tienen previsto ejecutar la semana que viene a un preso con discapacidad intelectual condenado a muerte por entrar en el país con una pequeña cantidad de droga, por lo que grupos de derechos humanos reclaman que se anule la ejecución.
El malasio Nagaenthran Dharmalingam fue detenido en abril de 2009 con 42,72 gramos de heroína durante un control fronterizo, y un año más tarde un tribunal lo sentenció a la pena capital.
Durante el proceso judicial la evaluación psicológica determinó que el acusado sufre problemas mentales y discapacidad intelectual, denunció este jueves la ONG Federación Internacional para los Derechos Humanos (FIDH, en inglés).
“El desprecio por los derechos humanos y las normas internacionales en el caso de Dharmalingam se ve agravado por el trato cruel hacia su familia. Después de mantenerle en el corredor de la muerte durante más de una década, ahora se apresuran a ejecutarlo y hace que sea casi imposible que su familia lo visite”, apuntó Adilur Rahman Khan, secretario general de FIDH.
Se tratará de frenar la ejecución
Los representantes legales del acusado interpusieron un recurso ante el Tribunal Superior de la ciudad-Estado, que será analizado el próximo lunes, para tratar de frenar la ejecución prevista para el día 10 en la prisión de Changi.
Según FIDH, las autoridades singapurenses informaron a los familiares del reo el jueves de la semana pasada, lo que unido a las restricciones de entrada a Singapur implementadas por la pandemia obstaculiza que estos puedan viajar y visitar a su familiar.
Amnistía Internacional (AI) pidió en una carta enviada este miércoles a la presidenta singapurense, Halimah Yacob, que “intervenga inmediatamente” para frenar la ejecución del malasio ya que podrían cometerse “múltiples violaciones sobre leyes internacionales de los derechos humanos”.
AI subraya que los problemas intelectuales del detenido, demostrados también en posteriores análisis en 2013, 2016 y 2017, “pudieron haber afectado su capacidad para evaluar los riesgos y su relato de las circunstancias del delito”.
Las autoridades buscan anular la condena
Las autoridades malasias también tratan de mediar para anular la ejecución de la condena.
El ministro malasio de Exteriores, Saifuddin Abdullah, informó el miércoles de que envió una misiva a su homólogo singapurense, Vivian Balakrishnan, para comentar el caso de su conciudadano y señaló que las autoridades malasias observan los progresos además de ofrecer asistencia consular al afectado y su familia.
En 2019, Singapur procedió a su última ejecución registrada al aplicar la pena capital -mediante el ahorcamiento- de cuatro reos, dos de ellos con delitos de drogas, según FIDH.
Tanto Singapur como Malasia, donde también se aplica la pena capital, defienden la condena a muerte como una medida disuasoria contra el narcotráfico, los asesinatos y otros delitos frente a las críticas de organizaciones de defensa de los derechos humanos.