15 minutos. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores Josep Borrell insistió este martes en que la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi quede libre.
Este lunes, la condenaron a otros 4 años de cárcel por los procesos judiciales impulsados en su contra luego del golpe de Estado militar de febrero.
“Reiteramos nuestro llamamiento urgente a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como de todos los detenidos arbitrariamente desde el golpe de Estado”. De esta forma lo indicó en un comunicado una portavoz de Borrell.
Asimismo, recordó que la posición de la UE, expresada en una declaración en diciembre, sigue siendo que el juicio a Suu Kyi tuvo “motivaciones políticas”.
“Representa otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una nueva violación flagrante de los derechos humanos” en Birmania, dijo. También constituye “otro revés importante para la democracia” en ese país.
Según indicó, los procedimientos son un “claro intento de excluir a los líderes elegidos democráticamente” -incluyendo a Suu Kyi y a la Liga Nacional para la Democracia- del proceso de diálogo inclusivo. Este fue solicitado por los 5 puntos de consenso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean) para buscar una salida pacífica a la crisis.
Otros cargos
Sobre Suu Kyi, de 76 años, todavía penden otras acusaciones. Fue condenada previamente a 4 años de prisión, que luego rebajaron a 2 por un indulto de la junta militar. El delito: vulnerar las restricciones contra la COVID-19 e incitación contra los militares.
En los casos que se resolvieron este lunes, el panel de jueces del tribunal especial habilitado por la junta militar en Naipyidó estimó que Suu Kyi violó la Ley de Exportación e Importación y la Ley de Telecomunicaciones. Específicamente, por la tenencia sin licencia de varios equipos de comunicación y un inhibidor de señales.
La política está bajo arresto desde la toma de poder de los militares. Está cumpliendo condena en un lugar desconocido. Afronta aún una acusación por violar la Ley de Secretos Oficiales, con un máximo de 14 años de prisión. De gual forma, otros 6 cargos de corrupción, castigados con hasta 15 años cada uno.
El Ejército birmano justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado se anuló. El partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
El 30 de diciembre, Borrell instó a aplicar un embargo de armas al régimen militar de Birmania tras la matanza de al menos 35 civiles el 24 de ese mes.
