15 minutos. La junta militar de Birmania, que se impuso en el poder tras el golpe de Estado de hace un año y medio, dio un paso más en su andanada de represión y violencia ejecutando a 4 activistas pro democracia acusados de “actos terroristas”. Son los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático.
La noticia saltó la mañana de este lunes en los medios oficiales birmanos entre gran confusión. Hablaban de “castigo” y no de ejecuciones y sin explicar cuándo se habían llevado a cabo.
“El castigo ha seguido los procedimientos de la prisión”, reza el breve comunicado publicado en el diario Global New Light of Myanmar, controlado por el Ejército, exponiendo la opacidad de un régimen que ha devuelto al país a sus peores años de abusos y aislamiento.
“Es lo que se ha dicho en los periódicos. No hablaré sobre esto en la rueda de prensa. Lo que ha ocurrido obedece a las leyes y no necesita explicación“. Así lo afirmó este lunes Zaw Min, portavoz de la junta militar, al medio local Voice of Myanmar.
Por su parte, el diario independiente Myanmar Now señaló que las ejecuciones tuvieron lugar el sábado y sus cuerpos fueron cremados entonces, información no confirmada por la junta.
“El hecho de que no hayan querido entregar los cuerpos a las familias lo hace todo peor. Sugiere que es para esconder que fueron antes torturados”, dijo a EFE un portavoz del Ministerio de Cooperación Internacional del Gobierno de Unidad Nacional (NUG).
Prominentes activistas de Birmania
Formado por miembros del Ejecutivo de la nobel de la Paz Aung San Suu Yyi, depuesto el 1 de febrero de 2021 por los militares, el NUG se proclamó desde la semiclandestinidad el poder legítimo de Birmania y 2 de los activistas ejecutados tenían conexiones con él, recordó el portavoz, que prefiere mantener su anonimato.
Se trata de 2 prominentes activistas pro democracia: Ko Jimmy, quien ya participó en las protestas de 1988 contra el entonces régimen militar, las mismas que llevaron a Suu Kyi a luchar por la democracia en Birmania; y Phyo Zeya Thaw, diputado de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) de la Nobel.
Ko Jimmy, de 52 años, fue detenido en octubre tras ser acusado de ocultar armas en un apartamento en Yangón. Phyo Zeya Thaw, de 41, era un artista de hiphop reconvertido en político y cercano aliado de Suu Kyi.
Poco se sabe de los otros 2 ejecutados: Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, salvo que fueron condenados por asesinar a una informadora del Ejército, según la junta militar.
Los 4 fueron condenados a muerte por un tribunal de Yangón por “actos terroristas”.
Sus muertes son una nueva muestra de la brutalidad de los militares. Con su asonada, pusieron fin a una década de transición democrática y han traído escenas del pasado como estas ejecuciones. Las últimas fueron en 1988, durante la junta que aisló a Birmania entre 1962 y 2011, según Amnistía Internacional (AI).
Desde entonces, aunque había habido sentencias a muerte, no se habían llevado a cabo. Sin embargo, el régimen castrense advirtió a principios de junio que retomaría la aplicación de la pena capital, ejecutada tradicionalmente mediante el ahorcamiento.
Condena dentro y fuera del paísPAÍS
La noticia ha provocado estupor dentro y fuera del país. El relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Birmania Tom Andrews condenó las ejecuciones. Además, urgió a la comunidad internacional a actuar de forma “contundente” contra la junta.
Japón las definió como “deplorables” y pidió a los militares que trabajen “para una resolución pacífica de la situación”. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos (EEUU) en Birmania condenó el asesinato de los “líderes pro democracia”.
Elaine Pearson, directora de Human Rights Watch para Asia, denunció “el acto de crueldad” y pidio a la Unión Europea (UE), a EEUU y otros Gobiernos a “mostrar a la junta que habrá consecuencias por estos crímenes”.
Una batería de reacciones que el portavoz del NUG espera que se traduzcan en más pasos por parte de la comunidad internacional contra el régimen castrense.
“Necesitamos a la comunidad internacional. La ONU debe llevar a la junta ante la Corte Penal Internacional (CPI)”, imploró.
“El Ejército solo va a escalar la violencia. Se necesitan acciones“, advirtió. Asimismo, recordó que hay más de un centenar de prisioneros políticos en el corredor de la muerte desde que los uniformados se instalaron en el poder en febrero de 2021.
Lo hicieron bajo el pretexto de declarar fraudulentas las elecciones de noviembre del año anterior, en las que Suu Kyi arrasó, sumiendo al país en una espiral de violencia y conflicto que deja ya un saldo de 2.114 civiles asesinados, según datos recabados por la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos.
“No importa si los asesinados son civiles de las aldeas o miembros del NUG. De cualquier forma están matando a personas y esto solo nos enseña que los militares harán cualquier cosa para seguir en el poder”, subrayó el portavoz del NUG.
