15 minutos. El fiscal general de Irán, Mohamad Yafar Montazeri, anunció que los tribunales del país impondrán la pena de muerte a cualquier persona declarada culpable de “interferir” en la respuesta al brote del COVID-19, que dejó al menos 66 muertos en el país.
El ministro de Sanidad, Said Namaki, trasladó al presidente del país, Hasán Rohani, una queja por la escasez de equipamiento para hacer frente al brote. Al mismo tiempo pidió medidas contra el comercio ilegal de mascarillas, detergente y otros materiales.
En respuesta, Montazeri resaltó que “interferir en el sistema sanitario no sólo es un crimen, sino que es punible” con el cargo de “corrupción en la tierra”, que acarrea la pena de muerte en el país.
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El fiscal le indicó a Namaki que vio su carta y señaló el “trabajo duro” de los empleados del sistema sanitario ante el brote.
Asimismo, pidió al ministro que informe de cualquier caso de “acaparamiento, retención de la venta de material sanitario o cualquier otro material efectivo a la hora de tratar a los infectados con coronavirus”.
Así, Montazeri recalcó que todos los casos de venta de estos materiales en el mercado negro se abordarán por su oficina “de forma extraordinaria”.
Las zonas más afectadas por COVID-19 son Teherán, Qom y Guilán. El Ministerio de Sanidad, que destacó que 291 personas se recuperaron, afirmó que más de 4.300 personas están sometidas a análisis en laboratorios del país.
El Gobierno iraní cerró temporalmente los colegios, universidades y otros centros educativos y suspendió eventos culturales y deportivos como medida de prevención contra el coronavirus.
