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Líderes de Iberoamérica firmaron una declaración conjunta orientada a lo sanitario y lo medioambiental

Los firmantes abogaron por fortalecer el multilateralismo y el abordaje equitativo y solidario de la pandemia

Los 22 países insistieron en propiciar una "distribución urgente y equitativa de vacunas" (EFE/Cumbre Iberoamericana)

15 minutos. Iberoamérica consensuó este miércoles, en la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno de Andorra, su declaración conjunta más sanitaria y medioambiental, conformada por 72 puntos y 12 apartados.

Los 19 países de América Latina, España, Portugal y Andorra, abogaron por el "fortalecimiento del multilateralismo" y urgieron a la "comunidad internacional y a la industria farmacéutica a enfrentar la pandemia global de forma más equitativa y solidaria".

En el texto sostienen que los efectos de la pandemia requieren una respuesta global, coordinada, solidaria y mancomunada. El reto es la "reconstrucción inclusiva y resiliente" de las economías. También afianzar el "desarrollo sostenible y principalmente la lucha contra la pobreza y la desigualdad".

Asimismo, defendieron el derecho a la salud. Se centraron en la necesidad de garantizar el "acceso, la compra y la distribución de las vacunas, instrumentos preventivos, pruebas de laboratorio, reactivos y materiales de apoyo, suministros médicos esenciales, nuevos diagnósticos y medicamentos a precios accesibles".

También pidieron evitar "el acaparamiento" de las dosis por parte "de los países que tienen mayor poder o influencia económica". De esta manera llamaron a evitar que los intereses financieros prevalezcan sobre la salud pública.

Covax y propuestas flexibles sobre patentes

El acceso a las vacunas por parte de los países, también centró gran parte de la declaración de la Cumbre que reunió a los líderes de Iberoamérica.

Los 22 países insistieron en propiciar una "distribución urgente y equitativa de vacunas" en el marco de la alianza de colaboración mundial COVAX".

Manifestaron su "disponibilidad a tomar como referencia" la Declaración de Doha de 2001 sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y la salud pública. Esta afirma que dichos derechos no deben impedir que los países adopten medidas para proteger la salud.

La adopción de dicha declaración por los países de Iberoamérica podría abrir la puerta a una liberalización de patentes de vacunas mientras dure la pandemia. Sin embargo, no se concretó ni en las discusiones de la Cumbre ni en el texto.

Por otro lado, consideraron que los organismos multilaterales de financiamiento para el desarrollo "deben ser fortalecidos para lograr un mayor impacto ante las crisis multidimensionales". Plantea que deben contribuir al desarrollo sostenible, a través del acceso "justo e inclusivo a mecanismos innovadores y efectivos de financiación y otras modalidades de cooperación".

Resaltaron la necesidad de diálogo con los mercados e instituciones financieras internacionales. El fin es "flexibilizar los criterios de elegibilidad, los mecanismos y procesos de desembolso y de pagos, e implementar medidas para el tratamiento de la deuda externa".

Acordaron promover "un marco multilateral de valoración de riesgos financieros y macroeconómicos que incorpore la particularidad de la situación provocada por el COVID-19". Plantean la adhesión de "las agencias calificadoras, para evitar que las rebajas de la calificación crediticia supongan un agravamiento adicional de la situación".

Una salida verde a la crisis

Los estados reconocieron que a 5 años de la Agenda 2030 y del Acuerdo de París hay que intensificar el esfuerzo para cumplir las metas.

Entre otras cosas pidieron un "incremento sustantivo" en los recursos financieros según el "principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas".

Analizaron que la pandemia evidenció la relación entre las crisis sanitarias y la crisis medioambiental. Específicamente se refirieron al "manejo inadecuado de los hábitats naturales, el comercio ilegal de especies y la pérdida de biodiversidad". Puntualizaron que estos "aumentan el riesgo de epidemias provenientes del reino animal y la fauna silvestre".

"La disminución de superficie de los ecosistemas naturales, así como los efectos de la contaminación y el cambio climático, representan un enorme coste social, económico y sanitario", afirmaron.

En ese sentido, aseguraron que la recuperación económica "debe integrar la dimensión medioambiental". En este sentido explicaron que debe evitarse que el impacto de la pandemia frene la capacidad de Gobiernos y demás actores relevantes para asignar recursos al desarrollo sostenible inclusivo.

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