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Conoce los 5 puntos más polémicos de la reforma judicial de Israel

El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos; por ello, es necesario poner un límite

La legislación ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel (EFE/EPA/Atef Safadi)

15 minutos. Israel está sumido en su mayor crisis constitucional desde su fundación en 1948, y todo comenzó cuando el nuevo Gobierno de Benjamín Netanyahu anunció su plan de reforma judicial, que busca mermar la independencia de la Justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre la misma.

La legislación ha provocado las mayores protestas de la historia de Israel, con un récord de 650 mil asistentes la noche del domingo. Netanyahu cesó al ministro de Defensa Yoav Gallant por pedir qu frenara su tramitación.

El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos; por ello, es necesario poner un límite a esos poderes. Los detractores de la reforma aducen que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática de Israel; los poderes Legislativo y Ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.

Estos son los puntos más controvertidos de la reforma:

1. Elección de los jueces

El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por 9 miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del Gobierno. Se requiere un acuerdo entre todos para elegirlos.

La reforma planteada por el ministro de Justicia Yariv Levin busca ampliar a 11 los miembros del comité y cambiar la composición del comité: 3 ministros y 3 legisladores de la coalición, además de 3 jueces independientes y 2 legisladores de la oposición. Esto otorgaría al Gobierno una mayoría de 6 miembros sobre 11.

Esta es la versión suavizada de la ley de selección de jueces, modificada hace una semana. La formulación inicial daba al Gobierno una mayoría de 7 miembros, con poder absoluto en la elección y destitución de todos los jueces, incluidos los del Supremo. Estaba previsto que se aprobara esta ley en la Knéset esta misma semana.

2. Revisión judicial

Los cambios propuestos buscan frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80 % del panel de jueces del Supremo, cuando ahora sólo es necesaria una mayoría simple.

Este es un punto que incluso algunos detractores de la reforma defienden. Muchos opinan que el Supremo tiene demasiado poder para revertir leyes, aunque difieren en la forma y defienden que para la aprobación o modificación de leyes básicas sea preciso más que una mayoría simple en el Parlamento.

3. Cláusula de anulación

Se trata de uno de los aspectos que más polémica han desatado. Permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando impliquen revertir o modificar leyes.

Los que se oponen a la ley ven esta cláusula como una clara violación de la separación de poderes y la independencia judicial; por ende, una seria amenaza para la democracia israelí.

La propuesta de ley que incluye la cláusula de anulación, que también permite blindar leyes ante su revisión judicial, pasó en primera instancia hace 2 semanas y su aprobación definitiva se retrasó para mayo, después del receso parlamentario por la Pascua Judía.

4. Asesores legales de los ministerios

La reforma planteada por el Gobierno busca reclasificar los puestos de asesores legales de los ministerios, que hasta ahora eran expertos independientes supervisados por el Ministerio de Justicia, a abogados elegidos políticamente. Además, las opiniones de esos asesores dejarán de ser vinculantes y de obligado cumplimiento.

De esta forma, los ministros respectivos tendrán control total para elegir y despedir a los asesores. Para los detractores de la reforma, implica una clara politización de los controles judiciales.

5- Razonabilidad

La reforma pretender limitar el alcance del concepto de “razonabilidad” por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, sobre la base de si consideran las medidas razonables o irrazonables.

En función de ese criterio, el Supremo consideró en enero “irrazonable” el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.

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