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Aunque debería empezar a funcionar en 2021, es necesario que la Eurocámara dé su visto bueno, y que varios parlamentos nacionales ratifiquen la legislación que permitirá emitir deuda común
Presidente de Francia, Emmanuel Macron; y la canciller alemana, Angela Merkel (EFE/EPA/John Thys)
21 de julio de 2020 9:55 AM | Con información de EFE
15 minutos. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) llegaron este martes a un acuerdo para poner en marcha un plan billonario, destinado a sacar a la economía europea de la profunda recesión en que la ha sumido el coronavirus.
Estas son 9 claves de un pacto histórico.
El plan se basa en dos pilares: el presupuesto plurianual para el periodo 2021-2027, que estará dotado con 1,074 billones de euros; y un fondo de recuperación que contará con 750.000 millones de euros para conceder ayudas a los Veintisiete entre 2021 y 2023.
Para financiar el fondo, la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados con el respaldo del presupuesto comunitario. Para ello, se elevará temporalmente el llamado techo de recursos propios de las cuentas europeas.
Se trata de una decisión histórica por la envergadura de la emisión conjunta, muy superior a las hechas hasta ahora. Además, porque se considera un paso adelante en la integración de los Veintisiete.
De los 750.000 millones de euros, 390.000 millones se distribuirán en subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones como préstamos.
La mayor parte del dinero se desembolsará a través del Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia. En concreto, 672.500 millones de euros, 312.500 de ellos como transferencias directas y 360.000 como créditos.
Estas ayudas servirán para financiar programas de reformas e inversiones en los países más afectados por la pandemia.
El resto se utilizará para financiar otras partidas que, sin embargo, han visto recortada su dotación con respecto a la propuesta inicial de la Comisión, víctimas de la rebaja en el nivel de subvenciones.
Bruselas pedía 500.000 millones en subvenciones y 250.000 millones en préstamos.
Así, el programa de ciencia Horizonte Europa pasa de 13.500 a 5.000 millones; el de inversiones Invest EU, de 30.300 millones a 5.600; y el Fondo de Transición Justa para el clima, de 30.000 a 10.000 millones.
Desaparece además el nuevo Instrumento de Solvencia para ayudar a la recapitalización de empresas que había propuesto Bruselas y la partida para ayuda exterior.
Para el reparto, se dividirá el fondo en dos franjas: el 70 % del dinero se comprometerá entre 2021 y 2022, y el 30 % restante hasta el final de 2023.
La primera franja se repartirá entre los países teniendo en cuenta la población, el PIB y el nivel de paro entre 2015 y 2019 de cada Estado. De esta forma, se sigue la clave de reparto propuesta por la Comisión Europea que dejaba a Italia, España y Polonia como principales beneficiarias.
Para asignar la segunda, el indicador del paro se sustituirá por la caída registrada en el PIB acumulada en 2020 y 2021, de modo que el reparto se calculará en 2022.
Esta clave de reparto afecta solo a las ayudas del Instrumento para la Recuperación y la Resiliencia, el único que se asignará de antemano por Estado.
Los países tendrán que presentar planes de reformas e inversiones a la Comisión Europea. Esta evaluará si cumplen con sus recomendaciones económicas anuales, refuerzan el potencial de crecimiento o la creación de empleo, o favorecen la transición ecológica y digital.
Dichos planes tendrán que ser aprobados por mayoría cualificada en el Consejo (al menos 15 Estados miembros que representen el 65 % de toda la población de la UE).
El desembolso de cada tramo de ayuda dependerá después de que se confirme que están cumpliendo las metas pactadas. Para ello, la Comisión pedirá la opinión de los Veintisiete a nivel técnico.
Si uno o varios países consideran que hay incumplimientos, podrán elevar el asunto a una cumbre de líderes comunitarios. La aprobación del pago se paralizará hasta que aborden la cuestión.
Este sistema, conocido como "freno de emergencia", se ha introducido para contentar a Holanda, que pedía derecho de veto sobre las reformas propuestas por otros países. Esto es algo a lo que se negaban el resto de los Veintisiete.
La UE empezará a devolver la deuda con que se financiará el fondo en el periodo 2021-2027. Sin embargo, no se fija fecha exacta para hacerlo, y terminará como tarde en 2058.
Para costear el reembolso, se crearán nuevas fuentes de ingresos propios para el presupuesto europeo, empezando por la introducción en 2021 de un gravamen sobre el plástico no reciclado que deberán pagar los Estados.
En 2021, la Comisión propondrá una tasa digital y un sistema de ajuste de carbono en frontera. Así, se permitará igualar el precio de importaciones desde países con estándares medioambientales más laxos al de la producción europea. Todo, con vistas a aplicarlos desde 2023.
Además, los líderes le piden una propuesta para ampliar al sector marítimo y de aviación el sistema europeo de comercio de derechos de emisión. Asimismo, estudiarán en los próximos 7 años otros posibles recursos, incluida una tasa a las transacciones financieras.
El presupuesto para los próximos 7 años según el plan de la UE tendrá 1,074 billones de euros, un 2 % menos que el marco financiero (MFP) para 2014-2020. No obstante, si se tiene en cuenta el aporte adicional del fondo de recuperación, el dinero europeo disponible aumenta un 64 %.
Un 62 % del total se destinará a ayudas a la agricultura y a la cohesión entre regiones.
La partida de Política Agraria común cae un 13,3 % en comparación con el MFP previo, hasta los 336.444 millones de euros. De ese total, 258.594 se destinarán a ayudas directas y de mercado, mientras que 77.850 millones serán a desarrollo rural.
La de Cohesión, por su parte, se reduce un 11,5 %, hasta los 330.235 millones de euros.
En el nuevo marco financiero, se mantendrán los descuentos que tiene Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y Alemania en su contribución anual al presupuesto, por aportar más de lo que reciben al mismo. Esta fue una de las principales exigencias de los cuatro "frugales" para aceptar el plan.
Salvo Alemania, todos han visto un incremento de sus descuentos. El de Holanda asciende a 1.921 millones de euros anuales; el de Dinamarca a 322 millones; el de Austria a 565 millones y el de Suecia a 1.069 millones.
Antes de la pandemia, se había propuesto acabar con estas compensaciones tras la salida del Reino Unido, que históricamente había exigido estos cheques.
El acuerdo introduce, por primera vez, medidas para vincular la recepción de ayudas comunitarias a que se respete el Estado de Derecho. Algo propuesto a raíz de los problemas en los últimos años con Hungría y Polonia.
La versión final del texto, que se rebajó por la oposición de estos dos Estados, prevé la introducción de un "régimen de condicionalidad" para "proteger" el presupuesto y el fondo. La Comisión "propondrá medidas en caso de infracciones" para que las adopte el Consejo por mayoría cualificada.
Sin embargo, no proporciona más detalles sobre ello e indica que el Consejo Europeo volverá sobre el asunto.
Por otra parte, se introduce por primera vez la meta de que el 30 % del gasto del presupuesto y el fondo de recuperación se destine a objetivos climáticos. También se estipula que los fondos europeos no podrán usarse para fines que perjudiquen las metas climáticas que la UE se ha marcado en el Nuevo Pacto Verde.
El plan de la UE debería empezar a funcionar en 2021, pero para ello es necesario que la Eurocámara dé su visto bueno, y que varios parlamentos nacionales ratifiquen la legislación que permitirá emitir deuda común, lo que ocurrirá en los próximas semanas o meses.
