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Venezuela tiene derecho a recurrir sanciones de UE, según el Tribunal de Justicia

Aunque las conclusiones de la institución judicial no son vinculantes, son tomadas en cuenta en la mayoría de los casos

El abogado general considera que la jurisprudencia existente parece sugerir que Venezuela es una persona jurídica (EFE/Miguel Gutiérrez)

15 minutos. Venezuela tiene derecho a recurrir la sentencia del Tribunal General que denegó a Caracas el derecho a recurrir las sanciones interpuestas por la Unión Europea (UE), según las conclusiones publicadas este miércoles por un abogado general del Tribunal de Justicia de la UE.

"Un Estado tercero puede tener legitimación para interponer un recurso por el que se solicita la anulación de las medidas restrictivas adoptadas contra él por el Consejo" de la UE, afirma el abogado general Gerard Hogan.

El letrado se desmarca así del dictamen de primera instancia por considerar que se "incurrió en error de Derecho al considerar que el recurso era inadmisible por carecer de legitimación activa la República Bolivariana de Venezuela", según informa el TJUE en un comunicado.

Recurso de casación

Aunque las conclusiones del abogado no vinculan al Tribunal de Justicia de la UE, son tenidas en cuenta en el 80 % de los casos.

El presente asunto se refiere a un recurso de casación interpuesto por Venezuela el 28 de noviembre de 2019 contra la sentencia del Tribunal General que desestimó un recurso presentado el 6 de febrero de 2018 por las autoridades de Caracas, en el que pedían la anulación de un reglamento adoptado el 13 de noviembre de 2017 por el Consejo de la UE de medidas restrictivas por la situación en el país latinoamericano.

El Consejo de la UE puso en marcha unas sanciones selectivas a Venezuela el 13 de noviembre de 2017 que incluyeron un embargo de armas y equipos que se pueden utilizar para "la represión interna", con el fin de "ayudar a fomentar soluciones democráticas compartidas a fin de llevar la estabilidad política al país"

Asimismo, las medidas restrictivas contemplaban la prohibición de viajar a la UE y la congelación de activos en territorio europeo de 18 personas con cargos oficiales a las que la UE considera "responsables de violaciones de los derechos humanos" y de "haber socavado la democracia y el Estado de derecho" en Venezuela.

Carencia de legitimación

El 20 de septiembre de 2019, el Tribunal General dictaminó que Venezuela no había demostrado que las medidas en cuestión le afectaran directamente y concluyó que carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación, de modo que lo declaró inadmisible por ese motivo.

En sus conclusiones, el abogado sugiere al Tribunal de Justicia que devuelva el asunto al Tribunal General. Esto con el fin de que se pronuncie sobre todas las cuestiones pendientes relativas a la admisibilidad suscitadas en el recurso de anulación que interpuso Venezuela, así como sobre las cuestiones de fondo.

En 2020, el TJUE instó a Venezuela y a la Unión Europea a que expusieran si un Estado tercero debe ser considerado una persona jurídica.

Presentaron observaciones escritas Venezuela, el Consejo, Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Grecia, Lituania, los Países Bajos, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y la Comisión Europea.

Antes de examinar la cuestión de fondo, Hogan analiza si Venezuela es una persona jurídica en base al derecho de la UE. Al tiempo que sostiene que los tribunales de la UE son competentes para pronunciarse sobre la validez de medidas restrictivas adoptadas siempre que el recurrente cumpla los requisitos establecidos.

Acciones judiciales

En primer lugar, Hogan señala que en Derecho internacional los principios tradicionales de cortesía jurisdiccional garantizan que, salvo en caso de hostilidades, se permita a países terceros ejercer acciones judiciales ante los tribunales de otro Estado soberano, por lo que recomienda que se sigan también en la UE.

Pese a que el TJUE no se pronunció nunca sobre este punto, el abogado considera que la jurisprudencia sugiere que Venezuela es una persona jurídica.

A juicio de Hogan, permitir que un Estado tercero acceda a los tribunales de la Unión garantiza el cumplimiento del Estado de derecho.

En cuanto al fondo, señala que el requisito según el cual la decisión objeto de recurso debe afectar directamente a una persona natural o jurídica, exige que concurran dos criterios acumulativos: que la medida impugnada surta efectos directamente en la situación jurídica del particular y, segundo, que no deje ningún margen de apreciación a los destinatarios encargados de su aplicación, por tener esta carácter meramente automático.

A este respecto, Hogan observa que el Tribunal General examinó únicamente el primero de los dos criterios. Y de hecho, concluyó que no surtían efectos directamente en la situación jurídica de Venezuela.

Libertades y derechos fundamentales

El abogado disiente porque, a su juicio, las medidas restrictivas iban dirigidas especialmente a Venezuela aunque se limiten al territorio de la Unión.

Hogan recuerda que el TJUE declaró reiteradamente que, habida cuenta de su incidencia negativa considerable en las libertades y los derechos fundamentales de la persona o entidad afectada, toda inscripción en una lista de personas o entidades de medidas restrictivas, permite a dicha persona o entidad, acceder al juez de la Unión.

A su modo de ver, al impedir a Venezuela adquirir ciertos bienes y servicios, las disposiciones afectan directamente los derechos e intereses de Venezuela.

Finalmente, resalta que la tesis expuesta no genera ninguna nueva norma o "vía procesal" a los Estados terceros para interponer un recurso de anulación.

Por eso, lo que propone es que el Tribunal de Justicia siga su actual jurisprudencia y se limite a adaptarla a este nuevo supuesto.

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