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Dictan prisión preventiva para Rafael Correa

La medida es un procedente ante la imposibilidad de garantizar su comparecencia ante la justicia

La prisión preventiva para Correa será "legal, constitucional y convencional". (José Jácome/ EFE)

15 minutos. La justicia ecuatoriana ordenó el jueves, 8 de agosto, prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa, por su presunta implicación en casos de sobornos orquestados con sus copartidarios para la adjudicación de contratos con el Estado.

La jueza nacional Daniella Camacho ordenó esa medida cautelar ratificando así la solicitud que hizo la fiscal general del Estado, Diana Salazar, el día miércoles.

Además anunció que la prisión será "legal, constitucional y convencional" y por tanto "no arbitraria".

Salazar investiga una trama denominada "Sobornos 2012-2016", antes conocida como "Arroz verde".

En la misma están aparentemente implicados otros cuatro altos excolaboradores, directos o indirectos, del Ejecutivo de Correa, a los que también aplicó la misma medida cautelar este jueves.

La Fiscalía sospecha que la indagación arroja luz sobre cerca de una docena de elementos de convicción.

Entre los que apuntan a la comisión de:

  • Delitos de cohecho
  • Asociación ilícita
  • Tráfico de influencias

Todo para la supuesta financiación irregular del movimiento político Alianza País (AP) que lideró el exgobernante hasta 2017.

Camacho consideró que la prisión preventiva para Rafael Correa como procedente ante la imposibilidad de dictar otras medidas idóneas que garanticen su comparecencia ante la justicia, dado que reside en Bélgica desde que abandonó el poder en mayo de 2017.

Y recordó que Correa tiene en su contra una orden de captura por violación de medidas cautelares en el caso de intento de secuestro en Colombia, en 2012.

Los expedientes de Correa

Hasta la fecha, Correa tiene más de una docena de expedientes abiertos y no ha sido condenado por un tribunal en Ecuador.

Además, el exmandatario se niega a regresar al país porque considera que es víctima de una persecución política por parte de su sucesor, Lenín Moreno, con el que está enemistado desde hace dos años.

El caso se inició a raíz de la publicación por dos medios digitales locales de una supuesta trama de corrupción acuñada "Arroz Verde".

Allí analizaron la presunta financiación irregular del movimiento político AP cuando era liderado por Correa y que involucraba a varias empresas nacionales e internacionales, entre otras, a la firma brasileña Odebrecht.

Según las sospechas, en la trama se pudieron adjudicar contratos públicos por valor de 150 millones de dólares de forma ilegal.

A pesar de satisfacer las demandas de la Fiscalía en cuanto a medidas cautelares, la jueza negó una prórroga de 30 días y avanzó que el 29 de septiembre concluirá la instrucción fiscal del Caso Sobornos 2012-2016.

En el caso de juicio la Procuraduría comparecerá en calidad de víctima al no haber una acusación particular. 

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