15 minutos. Los trabajadores de la prensa en Venezuela sufrieron 162 ataques en los primeros seis meses del 2020 por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y de los “colectivos”, considerados como grupos parapoliciales por activistas de derechos humanos, informó este miércoles la oposición.
En total, 85 de esos casos ocurrieron desde el 13 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma decretado por el gobernante Nicolás Maduro para frenar la COVID-19, denunció Humberto Prado, nombrado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
Violaciones a la liberta de expresión
Según Prado, a los trabajadores de la prensa en Venezuela los “amedrentan, incurriendo en una seria violación contra el derecho a la libertad de expresión”.
Por ello, al considerar “el aumento de la represión contra comunicadores, no se descarta que el número de afectados sea mayor a los reportados“.
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“Son alarmantes los altos niveles de impunidad que existen en el país, las agresiones y la violencia a las que recurren los atacantes y, principalmente, el papel cada vez más activo que tienen los líderes del régimen usurpador, quienes haciendo uso de las instituciones y medios de comunicación públicos han fomentado la persecución contra la libertad de prensa”, dijo.
Detenciones, hostigamiento y censura
Entre los principales ataques sufridos por los comunicadores están las detenciones arbitrarias, los actos de hostigamiento y la censura de medios de comunicación.
Según Prado, en cada caso, el Gobierno de Maduro actuó de un modo diferente, ya que en ocasiones “permaneció pasivo e indiferente, demostrando su falta de voluntad para impedir la comisión de actos y sancionar a los responsables“.
En concreto, el informe muestra que, desde inicios de la cuarentena hasta finales de junio, contabilizaron 29 detenciones de trabajadores de la prensa en Venezuela.
“Estas detenciones son calificadas como tal por no cumplir con la exigencia de una orden judicial previa ni por tratarse de casos donde existió delito. El único motivo de su ejecución obedeció a la difusión de información que estuvo relacionada con el COVID-19 y su impacto en el país”, explican.
Incremento de amenazas
Asimismo, tras la declaración del estado de alarma, “hubo un incremento en acciones de amedrentamiento” contra los periodistas, con un total de 45 casos.
“De estas conductas que constituyen evidentes casos de censura contra la prensa libre y autónoma, se percibieron los mismos móviles mantenidos en las detenciones arbitrarias. Es decir, la emisión o búsqueda de información u opiniones y la denuncia activa contra la situación deplorable de los servicios básicos”, sostienen.
Acerca de los casos de censura directa, el informe explica que, “debido a presiones del Gobierno ilegítimo”, que considera ejerce Maduro, o “a la actuación arbitraria de funcionarios” de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel), al menos 16 programas, emisoras de radio y, en general, medios de comunicación han sido sacados del aire.
“En algunos de los casos, el motivo para su cancelación se debió a medidas adoptadas en el marco de la cuarentena. Estas evidentemente no tomaron en cuenta la importancia de los medios de comunicación para la transmisión de información asociada a la pandemia”, concluyen.
