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Ley de Cabo Verde impide a Venezuela intervenir en el caso de Álex Saab

La legislación del país africano "no reconoce que el Gobierno de Maduro tenga un interés directo o inmediato en el proceso"

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (Cortesía CTV)

15 minutos. La ley de Cabo Verde no permite que el Gobierno de Venezuela intervenga legalmente en el proceso de extradición del empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del mandatario Nicolás Maduro, y requerido por Estados Unidos (EEUU).

Maduro intentó, en las últimas horas, contratar a Silva para asistir en el caso, pero el propio letrado le informó de que no era posible formalizar esta representación.

La razón se debe a que la legislación de Cabo Verde "no reconoce que el Gobierno de Venezuela tenga un interés directo o inmediato en el proceso".

"Me contactaron para ser su abogado, pero les informé de que no es posible porque procesalmente el Gobierno de Venezuela no tiene legitimidad para ningún tipo de intervención en el proceso", explicó Silva.

Detención de Álex Saab

Silva fue contactado por el bufete de abogados Abreu, uno de los más importantes de Portugal, que actuaba en nombre del Ejecutivo de Caracas.

Saab fue detenido el pasado 12 de junio cuando su avión hizo escala para repostar en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla norteña de Sal (el más importante de este país insular de África occidental).

El arresto se produjo tras una petición de Estados Unidos -cursada a través de Interpol- por presuntos delitos de blanqueo de dinero.

El abogado remarcó que el proceso contra Saab no será juzgado en Cabo Verde, donde sólo decidirá en un tribunal sobre la solicitud de extradición presentada por EEUU.

¿Un caso difícil?

Silva recordó que el caso es "judicialmente complejo y muy mediatizado". También, aseguró que el mismo está sujeto a varias apelaciones, como ya ha admitido la defensa del empresario.

Según el letrado, el régimen oficialista está priorizando los contactos diplomáticos.

Con este fin está en Cabo Verde, el embajador de Venezuela ante este país, Alejandro Correa Ortega, con residencia oficial en Senegal.

Extradición a EEUU

El Gobierno de Cabo Verde autorizó la extradición de Álex Saab a EEUU, opinión remitida la pasada semana al Tribunal de Apelaciones de Barlavento, con sede en la isla de San Vicente (norte del archipiélago), que asumirá la deliberación final.

La defensa tiene de plazo hasta hoy, jueves, para manifestar ante la citada corte su oposición a la decisión del Gobierno.

Tras la detención del presunto testaferro, Venezuela indicó que Saab es un ciudadano venezolano y un "agente" del Gobierno. El hombre, supuestamente, se hallaba "en tránsito" en Cabo Verde para regresar al país.

La defensa argumenta que el empresario "tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde".

Letrados en derecho

Para lograr sus objetivos, Saab contrató un amplio consorcio de abogados que incluye a reconocidos especialistas internacionales.

Las figuras que más resaltan serían el exjuez español Baltasar Garzón y el holandés Rutsel Martha (exdirector de asuntos legales de Interpol).

Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.

Álex Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas como Group Grand Limited (GGL).

GCL, por su parte, esta acusada por suministrar con sobreprecios alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con "cientos de millones de dólares".

Cargos contra Álex Saab

Washington también presentó cargos contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido. EEUU los acusó de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.

Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas. El dinero saldría de Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.

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