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Jueza de Londres considera válida la junta del BCV designada por Guaidó

Tras un juicio de 4 días que acabó el 18 de julio, el Tribunal Superior de Londres no puede dar por buenas las sentencias del TSJ chavista que anularon los nombramientos

Por ahora, no se ha autorizado al equipo opositor acceder a las reservas de oro (Cortesía Twitter @jguaido)

15 minutos. La jueza Sara Cockerill del Tribunal Superior de Londres falló este viernes a favor de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por el opositor Juan Guaidó en el caso del oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra.

Tras un juicio de 4 días que acabó el 18 de julio, Cockerill, de la división Comercial, consideró que no puede dar por buenas las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano que anularon los nombramientos de Guaidó a esa junta del BCV. En su opinión, no hay "base legal" en el Reino Unido para hacerlo.

Sin embargo, la jueza no ha autorizado al equipo opositor acceder a las reservas de oro; esto debe determinarse en otra audiencia. La junta sí se considera válida y Guaidó es reconocido por el Gobierno británico como el único presidente legítimo, de forma interina, del país latinoamericano.

Se espera, además, que haya una vista adicional en septiembre u octubre para cerrar otros aspectos del caso. Por ejemplo, si puede concederse a la junta de Guaidó la orden que ha solicitado para gestionar los activos venezolanos depositados en Inglaterra.

La máxima instancia judicial del Reino Unido estableció que el Ejecutivo de Londres solo reconoce a Guaidó, y no a Maduro, al frente de Venezuela. Por tanto, los actos y decisiones del opositor deben considerarse soberanos, sobre la base de la doctrina legal inglesa de Una Sola Voz; esta obliga a los estamentos del Estado a proceder unificados en política exterior.

Pruebas suficientes

Cockerill debía determinar si la Justicia inglesa podía aceptar las sentencias del Supremo caraqueño que invalidaron los nombramientos de Guaidó a su junta ad hoc, puesto que han de verse como actos "soberanos".

En su dictamen de este viernes, la jueza precisó que esos fallos, pilar de los argumentos legales del bando de Maduro, efectivamente invalidan los nombramientos de Guaidó. No obstante, concluyó que carece de base en su jurisdicción para aceptarlos.

Además, apuntó que, aunque pudieran ser reconocidos, hacerlo "entraría en conflicto" con la doctrina de Una Sola Voz.

El reconocimiento supondría también, tal como adujo el abogado del bando de Guaidó, una vulneración del derecho de los opositores a un juicio justo; no estuvieron presentes ni fueron citados cuando el TSJ se pronunció sobre su caso.

Cockerill sí observó que la parte de Guaidó no aportó "pruebas suficientes" en su alegato que demuestren que el Tribunal Supremo venezolano no es independiente ni imparcial.

Reacción chavista

La junta del BCV designada por Nicolás Maduro indicó a EFE que se plantea recurrir el dictamen. El fallo se produjo después de que en 2021 el Tribunal Supremo británico decidiera sobre varias cuestiones preliminares.

Sarosh Zaiwalla, parte del equipo legal del bando de Maduro, consideró "desafortunado" que la magistrada "se viera constreñida por normas técnicas", desarrolladas "en diferentes contextos", en alusión a la jurisprudencia inglesa existente, a la hora de reconocer las sentencias del TSJ que ilegalizaban los actos de Guaidó.

"El BCV continuará litigando este caso en los tribunales para garantizar que los activos soberanos de Venezuela se preservan y salvaguardan en beneficio del pueblo de Venezuela", afirmó este abogado.

El pleito sobre el acceso al oro se inició el 14 de mayo de 2020, cuando el presidente de la junta chavista del BCV Calixto Ortega acusó al Banco de Inglaterra de infringir contrato. Específicamente, al no cumplir su orden de transferir 930 millones de euros de las reservas, que se valoran en casi 2 mil millones de dólares, a un fondo de la ONU para usarse en la lucha contra la COVID-19 en su país.

La eventual resolución servirá para zanjar también un litigio planteado por Deutsche Bank en la misma época. A saber: cuál de las partes puede reclamar 120 millones de dólares derivados de la terminación de un contrato de permuta de oro.

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