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Esto buscan los guatemaltecos con Nancy Pelosi

La Comisión Internacional Contra la Impunidad imputó a más de 250 funcionarios y empresarios en más de una docena de casos de corrupción durante los últimos 5 años

El grupo le pidió a Pelosi su "intervención más decidida" para contener a los grupos criminales en el país (Michael Reynolds/EFE)

15 minutos. Un grupo de excancilleres, empresarios, académicos, exfiscales, abogados y políticos guatemaltecos pidió a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos (EEUU), Nancy Pelosi, su "intervención más decidida" para contener a los grupos criminales y proteger la democracia del país centroamericano.

En una carta divulgada este martes por la prensa local, el grupo, entre los que destaca el exvicepresidente, Rafael Espada (2008-2012), y el científico y fundador de la millonaria aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, Luis Von Ahn, solicitó el apoyo de Pelosi, el Departamento de Estado y otras agencias de dicho país. Específicamente, para "coordinar acciones encaminadas a recuperar la política bipartidista hacia Guatemala y Centroamérica".

Según los 24 firmantes, la emergencia provocada por la COVID-19, que ha dejado 46.451 casos positivos y 1.782 decesos en Guatemala, podría utilizarse "para consolidar un Estado criminal en una región geopolítica estratégica". Principalmente, debido al "riesgo de captura total de las más altas Cortes de Justicia en los próximos meses".

Estos grupos criminales que atentan contra la democracia del país "forman parte de poderosas organizaciones ilícitas transnacionales", sugirieron los firmantes.

"El avance de los grupos corruptos y mafiosos, camuflados en instituciones, pone en riesgo la democracia guatemalteca. Además, convierte a nuestro país en fuente de inseguridad para sus vecinos México, El Salvador, Honduras y, por su puesto, Estados Unidos", subrayó la carta.

Los guatemaltecos señalaron que la probable "consolidación de un Estado mafioso y corrupto en el norte de Centroamérica reforzará la expulsión migratoria irregular".

Expansión de grupos criminales

La salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en septiembre de 2019 tras 11 años de actividad conjunta con el Ministerio Público (Fiscalía) -debido a la negativa del expresidente, Jimmy Morales (2016-2020), de renovar su mandato-, permitió a "grupos criminales recuperar el dominio de las Cortes del Organismo Judicial", así como del Congreso y "la complacencia del Gobierno de Alejandro Giammattei", enfatizaron.

Esta alianza cuenta con la participación de "un grupo de empresarios radical y muy poderoso, que dicen librar una 'lucha contra el comunismo'".

La CICIG imputó a más de 250 funcionarios y empresarios en más de una docena de casos de corrupción durante los últimos 5 años. Todos estos casos investigaban desfalcos al Estado por más de 500 millones de dólares, de acuerdo con registros judiciales.

Los guatemaltecos también recordaron que "recientemente, la directiva del Congreso provocó una crisis constitucional al desafiar a la Corte de Constitucionalidad".

El acoso político de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se profundizó en el tramo final del mandato de Morales el año pasado. Esto fue parte de su cruzada en contra de la lucha anticorrupción protagonizada por la CICIG.

Esta presión, sin embargo, continuó hace unas semanas cuando la Corte Suprema de Justicia dio trámite a una denuncia de antejuicio a 4 de los 5 magistrados titulares constitucionales, por haber detenido la elección de 250 jueces del Supremo y de las Salas y Cortes de Apelaciones debido a irregularidades.

La denuncia fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad ante un pedido legal interpuesto por varias instituciones guatemaltecas.

La elección de los 240 jueces, incluidos 13 magistrados titulares de la Corte Suprema de Justicia, es clave para la lucha anticorrupción.

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