15 minutos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso este miércoles a la extradición a Venezuela de Enzo Franchini, un joven reclamado por su presunta participación en la muerte de otro que fue apuñalado y quemado vivo durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro en mayo de 2017. Argumenta que la documentación remitida por aquel país no describe ninguna conducta delictiva directamente imputable a él.
Así lo expresó el fiscal durante la vista de extradición celebrada ante la Sección Primera de la Sala de lo Penal que debe decidir si entrega a Franchini.
Su defensa se opone a la extradición por entender que es inocente y en la reclamación subyace una motivación política ya que era parte de un grupo opositor denominado La Resistencia contra el gobierno venezolano.
Europa Press confirmó con fuentes jurídicas que tres magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal escucharán los argumentos de la Fiscalía y la defensa del joven para tomar una decisión.
El joven reconoce su participación en ese movimiento, no así en la muerte del joven. “Conozco los hechos, pero no los reconozco”, declaró ante las preguntas de su letrado. Afirmó que en el grupo en el que militaba se dedicaba a organizar “protestas pacíficas” y que la reclamación sólo puede tener un móvil político.
En este sentido, la Fiscalía matizó que “el hecho de estar participando en una manifestación de oposición al régimen político que gobierna Venezuela no significa que pueda constituir una salvaguarda que declare la impunidad de cualquier actividad delictiva” que se desarrolle en ese contexto, pues se trataría en todo caso de un “delito común”.
El Ministerio Público expresa que la razón para denegar la entrega no está en si la motivación es política o no, sino en el contenido de la misma. “Cuando se hace un relato de los hechos no se describe una conducta participativa directa” y “se hace un resumen de la investigación llevando a indicios criminales de este señor sin ninguna imputación concreta”.
Además, el fiscal Marcelo Azcárraga agregó que “con un escrito de acusación así, en España, por estos hechos, la sentencia sería absolutoria”,
Ya hace unos días el Fiscal General, Tarek William Saab, denunció que habían negado la extradición de Franchini a Venezuela, a través de su Twitter.
El mes de julio detuvieron a Franchini en la localidad madrileña de Getafe y lo pusieron a disposición de la Audiencia Nacional, tribunal a cargo de tramitar las solicitudes de extradición.
Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz ordenó prisión preventiva a la espera de que Venezuela enviara a España toda la documentación en la que justifica la entrega del joven.
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Pusieron en libertad provisional a Franchini hace sólo unos días y la vista para estudiar la solicitud de extradición a Venezuela se programó para este miércoles por la mañana.
Asimismo, los hechos por los que Venezuela busca a Enzo Franchini se remontan a mayo de 2017. Durante una protesta contra el régimen de Maduro, Orlando Figuera, de 22 años, fue golpeado, apuñalado y quemado; en la madrugada siguiente murió en el hospital a causa de las lesiones sufridas, según los datos aportados por la Fiscalía venezolana.
Vulneración de derechos
Aunque todavía se tiene que pronunciar la Sala de lo Penal, en los últimos meses se registraron varios casos de personas reclamadas por Venezuela. Pero, la Audiencia Nacional se niega a entregarlos alegando que existe “riesgo cierto” de que en Venezuela se vulneren los derechos fundamentales.
Así lo decidió el Pleno de la Sala de lo Penal en los casos del exjefe de seguridad de Chávez Adrián José Velásquez; la esposa de este, Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez; y José Ramón Sánchez Rodríguez, excontable de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), los tres buscados por delitos económicos.
Asimismo, para los magistrados hay fundamentos suficientemente sólidos para asegurar que “en Venezuela no respeta los Derechos Humanos de quienes discrepan de él”. También advierte que “no se debe ignorar la existencia de injerencias gubernamentales en el sistema judicial”.
