15 minutos. La Justicia española dejó este miércoles en libertad a la extesorera nacional de Venezuela y exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su esposo, Adrián José Velásquez. Ambos fueron detenidos horas antes en Madrid sobre la base de una reclamación de Estados Unidos (EEUU) por un presunto delito de blanqueo.
Luego de su detención, la pareja fue puesta a disposición de la Audiencia Nacional. Allí prestaron declaración ante un juez de guardia, que los puso en libertad. Sin embargo, les impuso comparecencias cada 15 días y les retiró el pasaporte, informaron fuentes judiciales.
El juez no ve “justificada” la prisión provisional. Por lo tanto, acordó su libertad “a la vista de las circunstancias personales, familiares y laborales concurrentes”. Asimismo, por “las circunstancias y relativa gravedad” de la conducta por la que son reclamados.
Para asegurar su disponibilidad ante la justicia española, les impuso comparecencias quincenales. También les retiraron el pasaporte y les prohibieron salir del país.
A la exenfermera de Chávez y su esposo, a quienes la Audiencia Nacional rechazó en su día extraditar a Venezuela por posible vulneración de sus derechos, los reclama EEUU. Específicamente, por los presuntos delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios. Estos crímenes se castigan cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión.
Los cargos
El Departamento de Justicia de EEUU informó recientemente de esta reclamación. Los acusa de participar en una “trama de lavado de dinero y cambio de moneda”. A su juicio, por valor de “miles de millones de dólares”.
Según la acusación, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó millones de dólares en sobornos a 2 extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz Guillén. También a Velásquez “para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables”.
Al empresario de medios venezolano, al que la Justicia estadounidense considera prófugo y que reside en Venezuela, lo acusó formalmente en agosto de 2018. Lo hizo como cómplice de los mismos cargos de “conspiración para lavado de dinero” y “lavado de dinero”.
Por su parte, a Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, lo sentenciaron a 10 años de prisión en noviembre de 2018. El motivo: su “participación en la conspiración para cometer lavado de dinero”.
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados “a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país”.
