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EEUU revocó visas a 2 comandantes de fuerzas de seguridad venezolanas

La medida también recayó sobre las esposas e hijos de los funcionarios: Jeisy Catherine Leal Andarcia y Luzbel Carolina Colmenares Morales

El Gobierno de EEUU revocó visas a 2 comandantes de organismos de seguridad y sus familiares (Shawn Thew/EFE)

15 minutos. EEUU revocó las visas a los comandante de las FAES y del DGCIM, Rafael Bastardo Mendoza e Iván Hernández Dala, respectivamente. La medida obedece a las graves violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela. La medida también recae sobre sus familiares.

Las organizaciones de seguridad e inteligencia dirigidas por Bastardo,
y Hernández han sido señaladas por violaciones y abusos de los derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática.

Sus acciones se documentaron en el informe presentado el pasado 5 de julio de 2019 por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. También existen documentos de otras organizaciones de derechos humanos.

En el reporte Bachelet señaló al menos 7.523 ejecuciones extrajudiciales documentadas por una organización no gubernamental venezolana.

Sanciones anteriores

Esta designación, tomada bajo la Sección 7031 (c) de la Ley del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas relacionados del año fiscal 2019, se suma a la acción del gobierno de los EEUU el pasado 15 de febrero de 2019. En esta se sancionó financieramente a Bastardo y Hernández, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 por participar en abusos de derechos humanos, represión y corrupción.

Además de la designación de Bastardo y Hernández, EEUU señaló públicamente a la esposa de Bastardo, Jeisy Catherine Leal Andarcia, y a la esposa de Hernández, Luzbel Carolina Colmenares Morales, así como a los hijos menores de ambos funcionarios.

La Sección 7031 (c) permite al Departamento de Estado revocar visas para funcionarios extranjeros y sus familiares inmediatos en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que han estado involucrados en una corrupción significativa o una violación grave de los derechos humanos. Tales individuos y sus familiares inmediatos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos.

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