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Cristina Fernández es sobreseída por insolvencia fraudulenta

La actual vicepresidenta había sido acusada de poner bienes a nombre de sus hijos para evitar responder a embargos en causas penales

Fernández está imputada en múltiples causas que la investigan principalmente por corrupción durante sus dos mandatos presidenciales (Fabián Mattiazzi/EFE)

15 minutos. La Justicia de Argentina sobreseyó a la actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández, en una causa por una supuesta insolvencia fraudulenta, en la que se la acusaba de poner bienes, cuentas bancarias y acciones de sociedades a nombre de sus hijos para evitar embargos, confirmó este jueves su abogado, Gregorio Dalbón.

La denuncia por la que se abrió la causa -ahora suspendida- la presentó el abogado Santiago Dupuy De Lome. La misma apuntaba a que Fernández hizo las cesiones a favor de sus hijos, Florencia y Máximo Kirchner, para evitar los posibles embargos derivados de las causas penales que la involucran.

El juez federal Luis Rodríguez, encargado del caso, sostuvo que estas operaciones se realizaron en marzo de 2016. Es decir, antes de que la exjefa de Estado (2007-2015) fuera procesada y embargada, por lo que decidió sobreseerla.

"En esa fecha no solo no se encontraba procesada -ni se había decretado embargo alguno sobre sus bienes- sino que ni siquiera había prestado declaración indagatoria. Sí se encontraba convocada a hacerlo (el 26 de febrero anterior había sido convocada para el 13 de abril siguiente) en la causa conocida como 'dólar futuro'", señaló el juez en el fallo al que accedió la agencia estatal Télam.

Ahora como vicepresidenta

Cristina Fernández está imputada en múltiples causas que la investigan, principalmente por corrupción, durante sus dos mandatos presidenciales. Le han valido embargos por sumas superiores a los 800 millones de pesos (unos 12,7 millones de dólares).

El pasado 2 de diciembre, ocho días antes de jurar como vicepresidenta, se sentó en el banquillo de los acusados por una causa que investiga una supuesta corrupción en la adjudicación de obra pública. Instancia que aprovechó para denunciar un proceso de 'lawfare' (judicialización de la política) perpetrado en su contra por el expresidente, Mauricio Macri (2015-2019).

La acusada reprochó las medidas judiciales en su contra. Por ejemplo, la intervención de sus empresas, registros en sus casas y los embargos de sus cuentas. También por la intervención de la herencia de su fallecido esposo, el también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).

"Ni qué hablar de la persecución a mis hijos, a Máximo y a Florencia, que cometieron un delito terrible; ser los hijos de Néstor y Cristina Kirchner", enfatizó en ese momento.

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