15 minutos. Al menos 109 personas y organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela recibieron ataques el primer semestre de 2020, una situación que se agravó durante la pandemia por COVID-19, según un informe publicado este lunes por el Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ).
“La política de criminalización a la defensa y exigencia de derechos humanos se agudizó durante el estado de alarma decretado el 13 de marzo (…) El Estado venezolano continúa agrediendo a quienes defienden derechos humanos bajo la lógica del enemigo interno”, denuncia el informe.
Ataques durante la pandemia
La ONG de Venezuela contabilizó 51 ataques en el primer trimestre. También contó otros 58 entre abril y junio, meses durante los cuales el Gobierno de Nicolás Maduro mantuvo al país en cuarentena para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que hasta ahora causó la muerte de 89 personas y del que se contagiaron 9.465.
Según el informe, entre las personas más atacadas figuran los profesionales de la salud, trabajadores de organizaciones humanitarias, periodistas, activistas sociales, líderes sindicales y defensores de derechos humanos.
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La investigación explica también que las formas más usadas para atacar han sido “actos de intimidación y hostigamiento”. Entre estos destacan persecuciones, detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, ataques digitales y restricciones legales.
Además, se registraron 43 “estigmatizaciones” durante el segundo trimestre, ataques que muestran “el uso de los discursos de odio y desprestigio, ejecutados por autoridades e instituciones del Estado a través del sistema nacional de medios públicos para afectar el trabajo de las organizaciones y personas que defienden derechos humanos”.
Desde los medios públicos
El informe también señala que un 35 % de los responsables de todos estos ataques fueron los medios públicos que controla el Ejecutivo; un 31 % funcionarios o instituciones del Estado, el 12 % los organismos de seguridad y un 22 % de “otros” que no se especificaron.
En el segundo trimestre, subraya el CDJ, los venezolanos no dejaron de protestar en las calles debido a la crisis económica. Además, “se puso en evidencia la sistematicidad y el agravamiento de las condiciones adversas en las cuales las personas y organizaciones en Venezuela defienden y exigen derechos humanos”.
Por todo ello, la ONG pide que se investigue y sancione a los responsables de cometer estas agresiones toda vez que “el derecho a defender se convirtió en una labor de alto riesgo” en el país sudamericano.
