15 minutos. La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva, condenado y preso por corrupción, aseguró que el expresidente brasileño es “víctima de una intensa humillación”.
Esta declaración tuvo lugar después de haber rechazado los términos de la decisión judicial que autorizó su transferencia a un “establecimiento” penitenciario en Sao Paulo.
“Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia”, señaló en una nota el abogado Cristiano Zanin Martins.
El mismo adelantó que recurrirán la decisión tomada por una jueza de la ciudad de Curitiba, donde Lula cumple una pena de 8 años y 10 meses de cárcel.
El letrado informó que “tomará todas las medidas necesarias” con el objetivo de “restablecer la libertad plena” del ex jefe de Estado y “asegurar sus derechos”, recogidos en la ley y en la Constitución brasileña.
La magistrada Carolina Lebbos ordenó la transferencia de Lula da Silva desde la sede la Policía Federal de Curitiba a un “establecimiento” penitenciario en Sao Paulo.
La Justicia de Sao Paulo autorizó su traslado a la prisión Doutor José Augusto Salgado, conocida como Tremembé II.
De hecho alegaron que, debido al encarcelamiento de Lula Silva, los cuerpos de seguridad deben de actuar de forma “permanente” para evitar enfrentamientos entre “grupos antagónicos”.
En los alrededores del recinto, simpatizantes del líder del Partido de los Trabajadores (PT) acampan desde que ingresó en prisión y realizan actos en la zona para apoyarlo.
Posible excarcelación
La defensa de Lula Silva recordó que pidió, en un primer momento, la suspensión de su posible traslado hasta que finalizara el análisis de un recurso de “habeas corpus” que tramita en la Corte Suprema de Brasil.
De acuerdo con los abogados, esa audiencia sobre la posible excarcelación de Lula Silva deberá reiniciarse “en breve” por parte de la Segunda Sala del Supremo.
Sin embargo, la magistrada que autorizó su transferencia no acogió esa solicitud.
Por lo que únicamente determinó su traslado a un “establecimiento” penitenciario de Sao Paulo, sin definir en qué condiciones o en cuál.
Para la defensa, esa negativa va en contra de la jurisprudencia y viola los derechos de Lula Silva por su condición de haber sido jefe de Estado brasileño.
Además el tiempo de Lula preso se amplió, en segunda instancia, a 12 años y 1 mes.
Pero, rebajada posteriormente en tercera instancia a 8 años y 10 meses.
