20 de mayo de 2021 2:16 PM | Con información de EFE

15 minutos. La fiscal general del estado de Florida anunció que apelará el fallo de una jueza que se negó a detener 2 medidas migratorias "provisionales", aprobadas por el presidente de Estados Unidos (EEUU) Joe Biden, que evitan las deportaciones masivas y dan prioridad a los detenidos que representen una amenaza para la seguridad nacional, como los condenados por delitos graves.

Ashley Moody presentará la apelación al considerar que las directrices amenazan la seguridad pública y violan las leyes federales migratorias.

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En marzo, la fiscal general presentó la demanda judicial sobre este fallo a nombre de la administración de Florida, encabezada por el gobernador Ron DeSantis, en contra del Gobierno de Biden.

Sin embargo, la jueza federal del Distrito Central de Florida, Charlene Edwards Honeywell, decidió este martes que las medidas no están sujetas a revisión judicial porque son provisionales. "Claramente, las políticas provisionales son un trabajo en progreso", señaló la jueza.

"Las pautas son solo eso. No son estatutos y no tienen rango de ley. Constituyen una priorización y no una prohibición de ejecución", agregó.

"Aquí, (el Gobierno de) Florida simplemente no está de acuerdo con las decisiones tomadas por la Administración Biden en cuanto a las prioridades", aclaró la jueza.

Entre tanto, la fiscal Moody anunció que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones del Onceavo Circuito, sin detallar los argumentos. Su sede está en Atlanta (Georgia).

La demanda de Moody, republicana y afín al expresidente Donald Trump (2017-2021), cuestiona que el Gobierno Biden busca suspender "los arrestos y deportaciones de ciertos criminales que están en el país ilegalmente, muchos de ellos violentos o condenados por cargos de tráfico de drogas".

El caso

"La política imprudente de la Administración Biden de negarse a hacer su trabajo y deportar criminales pone en riesgo todos esos logros (de la Administración Trump) y la seguridad pública de los floridanos". Así lo dijo la fiscal general al presentar la demanda en marzo.

Biden, quien asumió el 20 de enero, revocó muchas de las políticas de inmigración de Trump, padrino político del gobernador DeSantis.

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Entre ellas, ordenó en enero una moratoria de 100 días en ciertas deportaciones. No obstante, un juez federal bloqueó la orden tras una demanda de las autoridades de Texas.

En respuesta, el 18 de febrero, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un memorando que revisó la directiva de enero. Allí detalló que se trataba de "prioridades provisionales" encaminadas al cumplimiento de las deportaciones.

Lo anterior incluyó centrarse en inmigrantes que representan una amenaza para la seguridad nacional. Por ejemplo, los que han sido condenados por delitos graves agravados o actividades relacionadas con pandillas. O los que han sido detenidos en la frontera desde el 1 de noviembre.

La Administración Biden justificó la medida temporal como un esfuerzo por dar prioridad a los delincuentes más peligrosos y violentos con los recursos limitados de las agencias.