15 minutos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos (EEUU) dictaminó este miércoles que los agentes de la Patrulla Fronteriza no pueden ser demandados ante los tribunales federales por daños y perjuicios en casos de supuestas violaciones constitucionales.
En una decisión que contó con el apoyo de 6 de los 9 magistrados del Supremo, los jueces citaron sus preocupaciones porque una mayor exposición de los agentes de la Patrulla Fronteriza a las demandas pueda afectar negativamente la seguridad nacional.
El fallo se refiere al caso de Robert Boule. Se trata de un canadiense que es dueño y gerente de Smuggler’s Inn, una posada junto a la frontera de Canadá en Blaine (Washington).
La localidad tiene fama de albergar actividades criminales a ambos lados de la frontera. La posada, supuestamente, atrae a traficantes de drogas y personas que buscan cruzar el límite de manera ilegal.
El caso
En 2014, Erik Egbert, un agente de la Patrulla Fronteriza de EEUU, se aproximó a Boule y le hizo preguntas acerca de huéspedes en su posada.
Boule informó al agente acerca de un huésped que había volado de Turquía a Nueva York el día anterior. Estaba en una vuelo al estado de Washington para trasladarse después en automóvil a la posada.
Egbert siguió al vehículo que transportaba al huésped hasta la entrada de la posada e intentó conversar con él. Boule intervino y pidió al agente de la Patrulla Fronteriza que saliera de su propiedad.
Según los documentos del caso, Egbert empujó a Boule 2 veces y éste cayó al suelo.
Boule se quejó con los supervisores de Egbert. Luego, el agente se puso en contacto con el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias estatales. Esto condujo a una auditoría impositiva e investigaciones de las actividades de Boule.
El posadero inició una demanda en un tribunal federal alegando que Egbert había emprendido represalias por su queja acerca del comportamiento del agente en violación de la Primera Enmienda de la Constitución y por uso excesivo de la fuerza en violación de la Cuarta Enmienda.
