15minutos. En el informe presentado este jueves 28 de noviembre por Amnistía Internacional expone las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, al igual que las graves violaciones al debido proceso en los casos específicos de seis niños arrestados entre el 29 y el 31 de julio, durante la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro contra quienes manifestaron por estar en desacuerdo con los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Amnistía Internacional pidió a la Corte Penal Internacional que “adicione estos hechos a la investigación en curso y que acelere las diligencias pendientes, de tal manera que el proceso judicial avance prontamente hacia la justicia, la verdad y la reparación integral, incluyendo garantías de no repetición”.
Entre las torturas documentadas por AI contra los niños y niñas están los relatos de las golpizas con puñetazos y patadas, choques eléctricos, asfixia y amenazas de muerte o sexuales, con la intención de forzarles una confesión.
“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarle, le dolía (…) Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto”, Relató la madre de un menor de 16 años que asegura fue golpeado por militares con un bate de béisbol en espalda y torso, le pusieron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo y le dieron choques eléctricos en los pezones, lo que le hizo perder el conocimiento al menos dos veces.
Niños torturados
El informe detalla que el adolescente fue puesto junto a otras personas detenidas en una fila en el suelo “para que militares, uno por uno, fueran dándoles patadas, todo ello con la intención de que grabara un vídeo donde decía que le habían pagado para atacar instalaciones del Estado”.
Un familiar de otro menor contó que el joven le dijo que “lo que hacía era aguantar la respiración. Que le quitaban la capucha, respiraba y que le gritaban ¡graba! y que otra vez la capucha. Así pasaron rato (…) Me dijo que de la electricidad sentía que su mandíbula se le estaba desviando”.
“Además, una policía mujer le comenzó a pegar en el oído alegando que lo que le faltaban eran los golpes de una madre, en alusión a la madre fallecida hace años. Debido a la intensidad de estos golpes, habría estado cuatro días sin casi poder oír”, relató.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, dijo en la presentación del informe que “Cuando se trata de proteger y respetar los derechos humanos, hemos llegado al punto en el que podemos esperar lo peor del gobierno de Nicolás Maduro. Detener, torturar, criminalizar, y castigar a niños y niñas cruza una línea que ningún Estado debería cruzar jamás. Exigimos la liberación inmediata e incondicional y la reparación de todos los niños y niñas que actualmente sufren la crueldad interminable de las autoridades venezolanas”.
Señala el informe que, cuatro meses después de estos sucesos, al menos 198 niños y niñas “siguen sometidos ya sea a detención injusta, a acusaciones penales infundadas, o a las graves secuelas psicológicas y físicas de los abusos perpetrados por las autoridades venezolanas”.
Excarcelaciones insuficientes
En el mes de septiembre excarcelaron a unos 100 adolescentes, indicó Amnistía en base a datos de organizaciones nacionales. A mediados de noviembre se excarceló a otros 25, aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos como terrorismo.
Amnistía pide al gobierno de Nicolás Maduro que “pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a todos los niños y niñas detenidas arbitrariamente hasta el momento, tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y que se abstengan de torturar y someter a niños y niñas privadas de la libertad a tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como de someterlos a proceso penales infundados e injustos”.
La organización también solicitó a la comunidad internacional que, de forma pública, privada y financieramente, apoyen la investigación en curso por parte de la Fiscalía de la CPI, al igual que las investigaciones penales abiertas contra funcionarios venezolanos bajo el principio de jurisdicción universal, y el escrutinio de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.
En el primer mes tras las elecciones, expone AI que las autoridades informaron la detención de al menos 2.200 personas, que se suman a las más de 300 que estaban detenidas por razones políticas antes del 28 de julio.
