15minutos. Telefónica Venezuela (Movistar), subsidiaria de Telefónica SA (España), un operador global de telecomunicaciones, deberá pagar más de 85,2 millones de dólares para resolver una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre un plan para sobornar a funcionarios del régimen de Venezuela por recibir acceso preferencial a dólares estadounidenses en una subasta de divisas.
Según la información publicada por el Departamento de Justicia de EEUU, Telefónica Venezolana firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) en relación con una información criminal presentada este viernes en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la compañía de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
“Telefónica Venezolana sobornó a funcionarios del gobierno venezolano para participar en una subasta gubernamental a través de la cual intercambió bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. La empresa ocultó los pagos ilícitos mediante la compra de equipos a precios inflados a dos proveedores que pagaron los sobornos en nombre de la empresa”, dijo la Fiscal General Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, jefa de la División Penal del Departamento de Justicia. “Telefónica Venezolana decidió apoyar a un régimen corrupto para sortear las dificultades de realizar negocios legales en Venezuela. Esta resolución es otro ejemplo más del compromiso del Departamento de Justicia de luchar contra la corrupción y exigir a las empresas que rindan cuentas por su conducta delictiva”, aseveró.
Sobornos a funcionarios venezolanos
“Telefónica Venezolana, filial y agente de un emisor estadounidense, accedió a llenar los bolsillos de funcionarios venezolanos corruptos para obtener acceso a la moneda estadounidense y mantener su posición en el mercado de telecomunicaciones venezolano”, dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “Luego, los intermediarios canalizaron los pagos de sobornos a través de cuentas bancarias corresponsales en Estados Unidos. Esta oficina no tolerará el uso y abuso del sistema financiero estadounidense para enriquecer a funcionarios extranjeros corruptos y a quienes mantienen su posición en el mercado apaciguándolos”.
“Este caso es un ejemplo del esfuerzo incansable de la Oficina de Investigaciones Criminales del IRS (IRS-CI) y de nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para combatir la corrupción y proteger los intereses de los Estados Unidos”, dijo el agente especial ejecutivo a cargo, Kareem Carter, de la oficina local del IRS-CI en Washington.
Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Homeland Security Investigations (HSI), dijo que “gracias a los esfuerzos de cooperación de HSI, IRS-CI y el Departamento de Justicia, los autores de esta conspiración se verán obligados a pagar por sus acciones ilícitas. HSI seguirá colaborando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, en el país y en el extranjero, para investigar y llevar ante la justicia a cualquier corporación que participe en tales delitos financieros”.
Pagos por dólares preferenciales
Según documentos judiciales y admisiones, en 2014, Telefónica Venezolana participó en una subasta de divisas patrocinada por el gobierno de Venezuela que le permitió cambiar sus bolívares por dólares estadounidenses. Para asegurar su éxito en la subasta, la empresa reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos por unos 28,9 millones de dólares a un intermediario, sabiendo que algunos de esos fondos se pagarían como “comisión” a funcionarios del gobierno venezolano. Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el rastro comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telefónica Venezolana se le permitió cambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos de los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano otorgó en la subasta de divisas de 2014.
Como parte del DPA, Telefónica Venezolana y su matriz corporativa, Telefónica, acordaron, entre otras cosas, seguir cooperando con la Sección de Fraude de la División Penal y la Fiscalía de los EEUU para el Distrito Sur de Nueva York en cualquier investigación penal en curso o futura que surja durante la vigencia del DPA. Además, Telefónica Venezolana y Telefónica concertaron mejorar su programa de cumplimiento cuando sea necesario y apropiado, e informar al gobierno sobre la remediación y la implementación de su programa de cumplimiento mejorado.
Reducción de la sanción
El Departamento de Justicia informó que llegó a esta resolución con Telefónica Venezolana basándose en una serie de factores, entre ellos, la naturaleza y la gravedad del delito. Sin embargo, “en las fases iniciales de la investigación del departamento, Telefónica Venezolana no identificó, recopiló, produjo y divulgó oportunamente ciertos registros e información importante, lo que afectó los esfuerzos de investigación del departamento y redujo el impacto de la cooperación”.
A la luz de estas consideraciones, así como de los antecedentes de Telefónica Venezolana y Telefónica, que incluye una resolución que involucra a una subsidiaria de Telefónica, Telefónica Brasil SA, en una acción interpuesta por la Securities and Exchange Commission en 2019 por supuestas violaciones a las disposiciones contables de la FCPA, la sanción penal de $85,260,000 calculada según las Pautas de Sentencia de EEUU refleja una reducción del 20% del quinto percentil por encima del extremo inferior del rango de multas de las pautas aplicables de otro modo, destacó el comunicado del Departamento de Justicia.
El IRS-CI y HSI están investigando el caso como parte del Equipo Global de Finanzas Ilícitas del IRS en Washington, DC. Mientras que la Sección de Fraude de la División Penal y la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York están procesando el caso que contó con la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y las autoridades de Panamá, Suiza y Luxemburgo.
