15 minutos. El presidente Donald Trump ordenó este miércoles que casi todo el personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) sea puesto en licencia administrativa a partir del viernes, y ordenó a miles de personas que trabajan en el extranjero que regresen al país. La orden afecta a unos 10.000 trabajadores de la USAID en todo el mundo.
La orden forma parte de un supuesto plan de Trump para hacer más eficiente al Gobierno federal y cortar el despilfarro de dinero de las agencias que dirigen el país.
Lo dicho este miércoles por Trump se suma a la congelación por 90 días de la asistencia extranjera, de la que dependen muchas organizaciones que luchan contra regímenes autoritarios en todo el mundo, incluyendo las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Estados Unidos es, por mucho, el país que más dinero entregaba a estas organizaciones que luchan por la democracia en todo el mundo.
“Señal equivocada”
Entre los grupos que no recibirán financiación crítica se encuentra una organización que entrenó a trabajadores electorales para detectar fraude en la reciente votación presidencial de Venezuela, activistas pro-democracia en Cuba y China y un grupo de exiliados bielorrusos detrás de una campaña para impedir que el líder autoritario del país gane una elección fraudulenta.
“Cortar la financiación a estos esfuerzos esenciales envía la señal equivocada a las dictaduras y socava a los valientes individuos que luchan por la libertad”, indicó Thor Halvorssen, fundador de la Human Rights Foundation con sede en Nueva York, que no recibe financiación del gobierno de Estados Unidos. “Estas inversiones particulares no solo deberían ser restauradas —deberían ser priorizadas.”
El Congreso había presupuestado al menos 690 millones de dólares en programas pro-democracia este año para contrarrestar los gobiernos autoritarios de ocho países considerados por expertos entre los menos libres del mundo: Bielorrusia, China, Cuba, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, Rusia y Venezuela.
Celebración de los dictadores
La decisión de Trump, evidentemente, ha sido celebrada por quienes dirigen las dictaduras de América Latina.
En Venezuela, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, principal ejecutor del aparato represor del régimen chavista, se jactó la semana pasada en la televisión estatal de que la ayuda canalizada por USAID a la oposición era una caja negra de corrupción que prometió investigar.
En Nicaragua, una red de televisión propiedad de los hijos del presidente Daniel Ortega declaró que Trump cerró el grifo para los “terroristas”. Medios alineados con el liderazgo islámico en Irán bromearon que Estados Unidos trataba a sus aliados como “pañuelos desechables”.
Entre los afectados en la nación sudamericana están medios y periodistas que han expuesto la corrupción de altos funcionarios militares y civiles, una organización que proporciona servicios legales a prisioneros políticos y un grupo de monitoreo electoral que ayudó a descubrir pruebas creíbles de que el presidente Nicolás Maduro robó las elecciones del verano pasado.
“Extraordinariamente cruel”
Uno de los activistas afectados por la congelación de fondos dijo a AP que Trump está haciendo el trabajo que Maduro nunca podría lograr: sofocar a la sociedad civil y añadió y que comenzó a despedir a docenas de contratistas que han desempeñado un papel clave en la movilización de la oposición a Maduro.
Otra víctima de la congelación de la ayuda es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha centrado gran parte de su trabajo reciente en Cuba, Nicaragua y Venezuela —todos países donde las instituciones están llenas de leales al partido gobernante.
El grupo de vigilancia ha sido un pilar del sistema interamericano liderado por Estados Unidos desde la década de 1950 y depende principalmente de las contribuciones de Washington, donde tiene su sede. En días recientes, ha tenido que despedir a cerca de un tercio de su fuerza laboral.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se refirió a la congelación de la ayuda extranjera como “extraordinariamente disruptiva, extraordinariamente cruel” en una llamada con su personal el viernes para discutir la orden de detención del trabajo.
