15 minutos. La Misión de Determinación de los Hechos de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió al régimen de Nicolás Maduro cesar la represión desatada después de las elecciones.
“Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas”, afirmó Marta Valiñas, presidenta de la misión.
El reporte contabilizó 23 muertes, la gran mayoría por disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto, en el contexto de las protestas.
Después de analizar los datos publicados por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la misión indicó que al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. Datos anunciados por la fiscalía del régimen elevan la cifra de detenciones a 2.200 personas, calificadas de manera indiscriminada como “terroristas”.
Detenciones arbitrarias
“Todas las personas detenidas arbitrariamente deben ser liberadas de inmediato”, señaló Patricia Tappatá, experta de la misión.
Entre los detenidos hay dirigentes, simpatizantes de partidos políticos, periodistas y defensores de derechos humanos, consideradas o percibidas como opositores por las autoridades, de acuerdo con el informe.
Muchas de las detenciones ocurrieron después de que las personas participaron en protestas o expresaron sus opiniones en redes sociales, agrega.
El reporte subraya informes sobre detenciones de más de 100 menores, imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas y que no cuentan con la presencia de sus padres, madres o tutores durante las actuaciones judiciales.
Se pronuncia fiscal de la CPI
Este lunes también se pronunció la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, que sigue desde hace años el caso de Venezuela.
Khan había sido uno de los grandes ausentes durante la crisis que siguió a las elecciones.
La oficina del fiscal dijo que está “siguiendo activamente los acontecimientos actuales y ha recibido múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela”.
Agregó que “se ha puesto en contacto con el Gobierno de Venezuela al más alto nivel para subrayar la importancia de garantizar que se respeta el Estado de derecho en el momento actual y hacer hincapié en que todas las personas deben ser protegidas de violaciones que puedan constituir crímenes del Estatuto de Roma”.
