15 minutos. Para la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente.
Las violaciones y crímenes, como el de lesa humanidad de persecución con motivaciones políticas, no son actos aislados o aleatorios, sino parte de un plan coordinado para silenciar, desanimar y reprimir la oposición, señala el informe publicado este martes.
“Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado en respuesta a lo que percibe como críticas, oposición o disidencia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión de la ONU. “Aunque esto es una continuación de patrones previos que la misión ya ha caracterizado como crímenes de lesa humanidad, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano, cometido a pesar de múltiples llamados dentro y fuera del país para respetar los derechos humanos”.
Sin independencia de poderes
El informe examina la situación de los derechos humanos en el país entre septiembre de 2023 y agosto de 2024. En este reporte se indica que se alcanzó un nuevo hito en el deterioro del estado de derecho tras las elecciones presidenciales de julio. Las autoridades públicas abandonaron “toda apariencia de independencia y, en la práctica, muchas garantías judiciales han perdido su efectividad, dejando a la ciudadanía indefensa ante el ejercicio arbitrario del poder”.
Solo en julio, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela documentó más de 120 personas arrestadas en el contexto de eventos de campaña de la oposición. En la primera semana de protestas posteriores a las elecciones, según cifras de las propias autoridades, detuvieron a más de 2.000 personas. A estos individuos, incluidos más de un centenar de niños, algunos con discapacidades, los acusaron de terrorismo e incitación al odio.
La Misión reafirmó su conclusión de que el sistema de justicia, liderado por el Tribunal Supremo, está claramente subordinado a los intereses del poder ejecutivo y sirve como un instrumento clave en su plan para reprimir todas las formas de oposición política y social.
“Las víctimas y gran parte de la población están expuestas al ejercicio arbitrario del poder, donde la detención arbitraria se utiliza sistemáticamente, con graves violaciones del debido proceso”. Estas fueron las palabras de Francisco Cox, experto de la Misión.
Ola represiva
Como adelanto de la ola de represión previa a las elecciones, Maduro y otros altos funcionarios advirtieron sobre la posibilidad de un baño de sangre si no lograban la victoria.
“El plan y la política represiva del Gobierno se dirigieron a individuos que se atrevieron a criticar al presidente Maduro, cuestionar las políticas gubernamentales o protestar contra los resultados electorales. Se enfocó especialmente en miembros de la oposición política o en aquellos percibidos como opositores por el Gobierno, aunque cualquier persona podría ser víctima“, dijo Patricia Tappatá, experta de la Misión.
El informe también registró una intensificación del acoso, la criminalización y otras restricciones al trabajo de actores clave de la sociedad civil, como las organizaciones de derechos humanos y periodistas.
“Teniendo en cuenta tanto los patrones de acción y la política estatal delineada en informes previos, como el perfil de las víctimas y las declaraciones públicas de altos representantes estatales, la misión tiene motivos razonables para creer que el crimen de persecución por motivos políticos ha sido cometido durante el período cubierto por su mandato“, concluyó el informe.