15 minutos. Estados Unidos confiscó este lunes al avión oficial de Nicolás Maduro en República Dominicana.
El Departamento de Justicia de EEUU informó sobre el hecho en una nota de prensa especificó y especificó que el jet fue incautado por “violaciones de las leyes estadounidenses de control de exportaciones y sanciones”.
El avión modelo Dassault Falcon 900EX y con código de cola T7-ESPRT, que está valorado en 13 millones de dólares, fue llevado al aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida).
El Departamento dijo que, entre finales de 2022 y principios de 2023, personas asociadas a Maduro usaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para comprar el avión.
Agrega que luego, en abril de 2023, habría sido exportado ilegalmente desde Estados Unidos. La aeronave realizó varias escalas -Kingston y San Vicenta y Las Granadinas- para tratar de ocultar su destino final: Venezuela.
“Desde mayo de 2023, el Dassault Falcon, con el código de cola T7-ESPRT, vuela casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y ha sido utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluido el transporte de Maduro en visitas a otros países”.
Mensaje a la cúpula
“Esto envía un mensaje a la cúpula”, agregaron. “Incautar el avión de un jefe de Estado extranjero es un hito en asuntos criminales. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está fuera del alcance de las sanciones estadounidenses”.
La operación fue posible gracias a una estrecha colaboración entre las autoridades de Estados Unidos y República Dominicana. Este último país notificó al régimen de Maduro sobre la confiscación.
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Varias agencias federales de EEUU estuvieron involucradas en la incautación: el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
En un comunicado, el canciller del régimen chavista, Yvan Gil calificó la operación como “una práctica criminal reincidente, que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería”.
Gil agregó que Venezuela se “reserva el derecho de emprender cualquier acción legal” para reparar el daño causado a la Nación por esta medida.
