15 minutos. La guerra en la entre los movimientos próvida y aquellos a favor del aborto entró en un nuevo capítulo con la decisión del Grupo Planned Parenthood de abandonar el programa federal de planificación familiar en Estados Unidos. Es un nuevo episodio sobre el aborto en el debate político en Estados Unidos.
Planned Paranthood argumenta estar en desacuerdo con las nuevas disposiciones que impiden a las clínicas de planificación familiar, que reciben financiación de los contribuyentes, hablar a los pacientes del aborto o derivarles a centros dedicados a esta práctica.
Esta organización tiene sus raices en la clínica de planificación familiar fundada en 1916 por Margaret Sanger. Actualmente, trabaja con más de 159 afiliados en Estados Unidos que administran unos 600 centros de salud dedicados al control de la natalidad y al aborto.
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Los fondos federales cubren aproximadamente 40% de los gastos de Planned Parenthood, en la atención de unos 4 millones de personas.
En su cuenta de la red Twitter, Planned Paranthood se refirió a la nueva política oficial como una “regla de mordaza” y acusó a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de obligarla a abandonar el programa Title X, que ayuda a las personas de bajos ingresos a acceder a la anticoncepción.
“Este es un ataque directo a Planned Parenthood y a nuestra salud y derechos, y no lo defenderemos”, indicaron en las redes sociales. Además agregaron que no renunciar a sus pacientes, por lo que están “trabajando para asegurarnos de que todos los pacientes puedan obtener la atención médica que necesitan”.
Las políticas de Trump
Trump reactivó en 2018 la norma que prohíbe que las clínicas de planificación familiar financiadas por los contribuyentes discutir sobre el aborto con pacientes.
Esta medida ha sido apelada por varias organizaciones proaborto en 20 estados de la unión, y mantiene divididos a los jueces. Por ejemplo, el noveno Tribunal de Circuito de Apelaciones de Estados Unidos en San Francisco anuló una decisión unánime de un panel de tres jueces y dijo que un grupo de 11 magistrados reconsiderará las demandas presentadas en los 20 estados.
Los críticos dicen que la regla forzaría a muchas clínicas a encontrar nuevas ubicaciones y someterse a remodelaciones costosas o a cerrar.
En respuesta, jueces federales en Washington, Oregon y California impidieron que las regulaciones entraran en vigencia. El juez de distrito Michael McShane en Oregon calificó la nueva política de “locura” motivada por “una suposición arrogante de que el gobierno está mejor preparado para dirigir la atención médica de las mujeres que sus proveedores”.
Pero un panel de tres jueces del Noveno Circuito las anuló hace dos semanas. Los jueces calificaron las reglas de “razonables” y dijeron que están de acuerdo con la ley federal que prohíbe que los fondos de los contribuyentes vayan a “programas donde el aborto es un método de planificación familiar”.
Celebración próvida
Los grupos próvida han celebrado esta decisión. Es el caso de organizaciones como Human Life International y Live Action. Cada vez más organizadas y con mayores recursos para defender su posición del derecho a la vida.
Cada año, en enero, se realiza en Washington una multitudinaria marcha que a favor de la vida. Su objetivo es ser la voz de los que no tienen voz: los niños por nacer. La manfestación se realiza como protesta a la legislación que en 1973 legalizó el aborto en Estados Unidos.
Este año la marcha se realizó el 18 de enero, y a ella se unieron Donald Trump y el vicepresidente, Mike Pence.
“Cuando miramos a los ojos de un niño recién nacido, vemos la belleza, el alma humana y la majestuosidad de la creación de Dios. Sabemos que toda vida tiene sentido”, señaló Trump, por sorpresa, en un mensaje transmitido en la pantalla gigante instalada en la Explanada Nacional de la capital estadounidense.G
Guerra al aborto
Durante su campaña electoral, Trump se pronunció a favor del movimiento próvida y las decisiones adoptadas por su administración están encaminadas a cumplir con este propósito.
Por ejemplo, su administración anunció la prohibición de que su ayuda internacional llegue a organizaciones no gubernamentales a favor de interrupción del embarazo, como método de planificación familiar. Esta es una medida que le enfrenta directamente con la Organización de Estados Americanos (OEA), entidad que promueve esta práctica como un derecho femenino.
Esta medida establecida por primera vez por Ronald Reagan en 1984 se conoce como México City Policy. Desde entonces se ha mantenido vigente en las diferentes administraciones republicanas y desactivada durante los gobiernos demócratas.
En este proceso, estados como Alabama han ido más lejos y aprobó una ley antiaborto restrictiva que prohíbe el aborto incluso en casos de violación, incesto, malformaciones e incluso cuando la vida de la madre corre peligro.
Además de Alabama, estados como Kentucky, Missouri, Georgia y Luisiana han aprobado normas más restrictivas contra el aborto, que buscan desafiar la sentencia de 1973 —conocida como Roe versus Wade—, en la que el máximo tribunal estableció que el aborto es un derecho constitucional protegido por la enmienda 14 de la Carta Magna.
Luisiana, por ejemplo aprobó un proyecto de ley que permite a los votantes decidir si se prohíbe o no el aborto en la Constitución estatal, así como una norma la que la mujer solo puede interrumpir el embarazo antes de que se detecten los latidos del corazón del feto. Esto ocurre a partir de la sexta semana de gestación.
A favor del aborto
Sin embargo, estados más progresistas están pasando leyes para proteger el derecho al aborto, es el caso de Nueva York donde se ha adoptado una normativa que permite interrumpir un embarazo hasta la semana 24 de gestación o más adelante si el feto es inviable o la vida de la madre corre peligro.
Donald Trump ha dicho esta esta norma “permite arrancar al bebé del vientre momentos antes del nacimiento”.
En la actualidad, cada vez menos mujeres interrumpen su embarazo en Estados Unidos debido en parte al acceso de métodos anticonceptivos eficaces y de bajo costo. Pero según un análisis que realizó el Instituto Guttmacher en 2017, una de cada cuatro mujeres tendrá un aborto antes de los 45 años, lo que representa 25% de las mujeres estadounidenses.
Los peligros
A este respecto, el temor de los grupos en favor del aborto es que si estas leyes entran en vigencia, ya no será posible realizarles este procedimiento bajo supervisión médica.
“Estas prohibiciones no mejoran la seguridad, en realidad retrasan a las personas en la búsqueda de atención segura. Creo que las regulaciones no se derivan de la evidencia médica sino del deseo de regresar al momento en que se podían controlar los cuerpos de las mujeres”, explicó a France 24 la ginecobstetra Kristyn Brandi, integrante de la Junta de Médicos para la Salud Reproductiva de Estados Unidos.
“Veremos a más personas que se auto-medicarán a través de métodos seguros e inseguros, incluido el uso de píldoras para el aborto”, aseguró la activista Renee Bracey Sherma.
Según el Instituto Guttmacher, en 2014 alrededor del 75% de las pacientes que abortaron eran pobres. El temor es que con las nuevas restricciones, las mujeres que deseen inducirse un aborto recurran a medicamentos como el misoprostol, que puede ordenarse en línea y sirve no solo para tratar úlceras sino para inducir a un aborto, lo que pone en riesgo su vida.
Como quiera que sea, la decisión final sobre este tema deberá tomarla la Corte Suprema de Estados Unidos.
