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Varios detenidos en violentas protestas opositoras ante Parlamento de Georgia

Varios cientos de manifestantes equipados con piedras, botellas y palos, intentaron acceder al edificio situado en la céntrica Avenida Rustaveli de Tiflis

Los manifestantes profirieron gritos contra el presidente ruso, Vladímir Putin. Acusaron a los diputados del partido gobernante Sueño Georgiano de ser "esclavos de Putin" (Cortesía: RTVE)

15 minutos. Al menos 6 manifestantes resultaron detenidos este martes durante las violentas protestas que estallaron frente al Parlamento de Georgia tras la aprobación en primera lectura de una controvertida ley sobre agentes extranjeros, que sus detractores y Occidente consideran "antidemocrática".

Varios cientos de manifestantes equipados con piedras, botellas y palos, intentaron acceder al edificio situado en la céntrica Avenida Rustaveli de Tiflis.

Según el Ministerio del Interior, detuvieron 6 personas. Se desconoce el número de heridos en los enfrentamientos entre policía y manifestantes.

Los disturbios

Después de varias horas de choques, la policía antidisturbios abandonó las calles y se atrincheró en el patio interior del Parlamento, contra el que los opositores lanzaron varios cócteles mótolov.

Los manifestantes profirieron gritos contra el presidente ruso, Vladímir Putin. Acusaron a los diputados del partido gobernante Sueño Georgiano de ser "esclavos de Putin".

"¡Sakartvelo!" (Georgia), gritaron los opositores, que portaban banderas georgianas y de la Unión Europea (UE). Además, atacaron al Defensor del Pueblo, Levan Ioseliani, al que lanzaron varios huevos.

En torno a la 01:20 hora local (21.20 GMT) las fuerzas antidisturbios volvieron a ser desplegados en la Avenida Rustaveli, tras lo que exigieron a los opositores que se dispersaran, ya que de lo contrario la policía adoptaría las medidas legales a su disposición para "restablecer el orden".

Al cabo de 20 minutos la policía parecía de nuevo controlar la situación en las inmediaciones del Parlamento de Georgia, aunque varios cientos de opositores se negaban a abandonar la zona colindante.

Entre los que protestaban se podía ver a Leván Jabeishvili, presidente del principal partido opositor, el Movimiento Nacional Unificado, cuyo líder histórico, el expresidente Mijaíl Saakashvili, está en la cárcel.

Uno de los líderes de la oposición, Nikanor Melia, llamó a los presentes a no dispersarse y seguir la misma vía que los participantes en las protestas de 2014 en Kiev, que desembocaron en el derrocamiento del presidente prorruso, Víctor Yanukóvich.

Apoyo a las protestas

Desde Estados Unidos, la presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, expresó públicamente su apoyo a las protestas.

"Me dirijo a vosotros, que os encontráis en la Avenida Rustaveli. Hoy me encuentro en Nueva York y ante mí está la Estatua de la Libertad. Ella es símbolo por lo que siempre luchó Georgia. Estoy con vosotros, ya que hoy vosotros representáis a una Georgia libre", aseguró.

En declaraciones a la televisión, subrayó que la ley "fue redactada bajo el dictado de Moscú", por lo que "el proyecto debe ser retirado".

Pese a las críticas en el seno del país, en Estados Unidos y en la Unión Europea, 76 parlamentarios georgianos apoyaron el martes el proyecto, mientras trece votaron en contra.

La presidenta del Parlamento, Shalva Papuashvili, aseguró al cerrar la sesión que el proyecto se remitirá ahora a la Comisión de Venencia, que emitirá su veredicto "dentro de unos tres meses".

La Embajada de EEUU tachó el debate del Parlamento, en cuyo hemiciclo estalló incluso una pelea, como un "día negro para la democracia en Georgia". Advirtió que la ley perjudicará a la relación de Tiflis con sus socios, y sus aspiraciones euroatlánticas.

Desde Berlín el primer ministro de Georgia, Irakli Garibashvili, defendió la ley con el argumento de que "Georgia debe hacer todo lo posible para fortalecer su soberanía".

Llamó "a no sucumbir a las especulaciones irresponsables de la oposición".

Sus detractores consideran que el proyecto recuerda a la ley sobre agentes extranjeros aprobada hace una década por el Kremlin y permite al Estado reprimir las críticas de oposición, ONGs, medios de comunicación y activistas de derechos humanos.

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