15 minutos. El Gobierno de España considera que la desclasificación del Plan de Rehabilitación aprobado en 2010 para la limpieza de las 40 hectáreas contaminadas con radiactividad en Palomares (Cuevas del Almanzora, Almería) necesita “obtener previamente la conformidad” de Estados Unidos (EEUU).
Así lo informó el Ministerio de Presidencia a la Audiencia Nacional (AN) en respuesta al segundo requerimiento que el tribunal le hizo para que le remitiese este documento, entre otros, para decidir si obliga al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a fijar plazo para ejecutar el plan.
El oficio indica que el documento aprobado el 5 de mayo de 2010 “incluye información contenida en documentos de terceras partes”. Además, concluye, tras recibir informes al respecto, que la declasificación “requiere obtener previamente la conformidad de las autoridades de EEUU“.
El Ministerio de Presidencia concreta que, tras recibir la petición de la Audiencia Nacional, dos veces en febrero y en mayo de 2020, solicitó informes “a departamentos afectados”. Entre ellos, el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat). Sin embargo, de los “recibidos hasta ahora”, se desprende que es preciso el visto bueno del Gobierno estadounidense.
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También se añade que España consultó al respecto a las “autoridades estadounidenses” y que, “en cuanto se conozca el resultado”, se informará a la sala.
La Audiencia Nacional instó en febrero al Consejo de Ministros a desclasificar el Plan de Rehabilitación.
La resolución pedía también al Gobierno que le precisase “el tiempo estimado” para finalizar el informe y que aportase “cuanta documentación” se haya elaborado sobre la situación en la zona desde 2010.
Rebaja del volumen de tierra contaminada
Al solicitar no solo el Plan de Rehabilitación sino también que aporte cuanta documentación se haya elaborado después, la Audiencia Nacional también estaría reclamando el informe que el CSN aprobó en julio de 2015 sobre la limpieza de los terrenos contaminados. Según Ecologistas en Acción, este modifica los criterios radiológicos de mayo de 2010.
En el documento cuestionado por el colectivo, el regulador atómico admite que se ha rebajado el volumen de tierra contaminada con radioactividad en Palomares que debe retirarse en virtud de la declaración de intenciones firmada entre España y EEUU, si bien no precisa con respecto al plan de rehabilitación aprobado en 2010 que estimaba la limpieza de 50.000 metros cúbicos de suelo. Esta modificación se produjo en el pleno de 22 de julio de 2015 del CSN.
En su día, el CSN aportó un documento que no era copia certificada del informe aprobado en el citado pleno de julio de 2015. Además, se acogía para negar el informe completo a la normativa sobre secretos oficiales que se aplica a “todo el proceso relativo a Palomares”.
Ecologistas en Acción sostiene que ese cambio que admite el regulador atómico se produjo “a instancias” del Departamento de Energía de EEUU. El colectivo asegura que, para ello, se “aumentaron los criterios radiológicos para considerar necesaria una intervención de 1 mSv/a hasta 4 mSv/a”.
El objetivo, según el colectivo, sería que, de la limpieza de 50.000 metros cúbicos, se “limpiaría solo 28.000 metros cúbicos de tierra contaminada”. Esto reduciría de 6.000 a 3.300 metros cúbicos el volumen de tierra que debe almacenarse en EEUU.
“Obligación de confidencialidad”
Ecologistas en Acción siempre pidió que se aporte como prueba al procedimiento una copia completa del Plan de Rehabilitación de Palomares de mayo de 2010, el informe del Departamento de Energía de EEUU remitido al CSN en julio de 2015 y el anexo del acta de la sesión celebrada por el regulador atómico ese mismo mes en el que se recogen los niveles de intervención para la restauración.
La Abogacía del Estado siempre lo rechazó. Primero, alegó que este documento “no lo elaboró” el CSN sino el Ciemat y que este organismo se lo hizo llegar “con carácter confidencial”.
Igualmente, señaló que el informe del Departamento de Energía remitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores al CNS fue calificado como confidencial. De hecho remarcó que el Departamento de Energía entregó los documentos así, “lo que obligaría al Estado español a mantener dicha confidencialidad”.
