15 minutos. El Partido Popular (PP) presentará mociones en ayuntamientos y parlamentos autonómicos para exigir que el Gobierno de España retire la proposición de ley, registrada en el Congreso por los gobernantes PSOE y Unidos Podemos, considerando que pretende instaurar un régimen “muy parecido la dictadura venezolana”.
El principal partido opositor español, presidido por Pablo Casado, asegura que dicha reforma judicial “copia” la que en 2004 impulsó Hugo Chávez “para hacerse con el control de los jueces venezolanos”.
Casado condicionó la participación de su partido en las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a que retiren dicha propuesta.
También ha exigido que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), excluya a sus socios de coalición Unidas Podemos y una mayor “despolitización” del órgano.
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“Renuncia y retirada inmediata”
Los populares han señalado que esa proposición constituye un “ataque frontal” a la Carta Magna, la independencia de los poderes públicos y la independencia jurídica. De prosperar, rebajaría la mayoría cualificada, que establece el artículo 122.3 de la Constitución para designar a 12 de los 20 miembros del CGPJ.
Consideran insuficiente que Sánchez se ofreciera a “detener el reloj” concerniente a la tramitación parlamentaria de los cambios propuestos. Además, exigen “la renuncia y retirada del texto” del Grupo Socialista y Podemos.
“Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se avengan al desbloqueo”, replicó Sánchez desde la tribuna de oradores del Congreso.
El PP aseguró, sin embargo que institucionalizaría “el control de los jueces por parte del Gobierno” y anticipan una vulneración del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea.
Según la plataforma popular, los partidos gobernantes tratan de “eludir” los preceptivos informes del Consejo General del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado.
La finalidad “no es mejorar la justicia española o favorecer una rápida renovación de los órganos judiciales, como falsariamente afirma el Gobierno” sino “dinamitar los consensos y la concordia” de la Transición y estos 42 años de democracia, aseguraron.
En su lugar, la proposición del PP
Piden la tramitación de su propia reforma legal para que los vocales sean escogidos directamente por otros jueces, en vez de “por las cámaras o los partidos políticos”.
En defensa de su texto, el PP sostiene que “fomenta la imparcialidad fiscal”. Al impedir que quienes hayan ejercido “cargos políticos” o “de confianza política” integren los Tribunales Superiores de Justicia.
Su objetivo es que todas las fuerzas políticas de España “se retraten” y definan su postura con respecto al tema.
