Últimas 15minutos
Últimas 15minutos
La filtración del hacker Rui Pinto permitió develar un esquema con el que Isabel Dos Santos habría desviado dinero público de Angola a paraísos fiscales
Isabel Dos Santos es hija del expresidente de Angola José Eduardo Dos Santos (Wikipedia)
11 de febrero de 2020 4:52 PM | Con información de EFE
15 minutos. La Justicia portuguesa ordenó que se congelen las cuentas bancarias de la empresaria Isabel Dos Santos, epicentro del escándalo "Luanda Leaks" e investigada por gestión dañina y evasión fiscal en Angola.
La noticia fue difundida este martes por el diario luso "Expresso", uno de los medios que integran el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación.
El medio reveló los esquemas financieros presuntamente utilizados por Dos Santos y su marido para desviar dinero público de Angola hacia paraísos fiscales.
La información fue filtrada por el hacker portugués Rui Pinto, quien actualmente se encuentra en la cárcel acusado de delitos informáticos.
Las autoridades portuguesas ordenaron que se congelasen las cuentas de Dos Santos a petición del Tribunal Supremo de Angola.
La hija del expresidente de ese país, José Eduardo Dos Santos, está siendo investigada por su gestión al frente de la petrolera estatal Sonangol.
La justicia investiga una transferencia de 115 millones de dólares de Sonangol hacia una empresa supuestamente controlada por Dos Santos.
La Fiscalía portuguesa ya había confirmado a finales de enero que había recibido varias solicitudes de su homóloga angoleña.
El caso también sacudió el mundo financiero y empresarial de Portugal, donde la empresaria estaba presente en varias empresas.
Desde que saltó el escándalo, la empresaria puso en marcha la venta de algunas de sus participaciones.
El acontecimiento se reveló en el último Informe Internacional de Libertad Religiosa del Departamento de Estado de Estados Unidos, que expone múltiples casos de norcoreanos asesinados debido a su fe cristiana
En concreto, la OMS ha podido verificar 1.004 ataques, una categoría en la que se incluye cualquier acción física o verbal que implique una injerencia en el correcto desarrollo de la atención sanitaria
