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Parlamento de Georgia desecha formalmente el proyecto de ley sobre agentes extranjeros

Se sometió este viernes a votación en un breve pleno, donde recibió 35 votos en contra y solo uno a favor

La oposición lo denunció como un instrumento para reprimir la disidencia al igual que lo hace Rusia con una ley similar (EFE/EPA/Zurab Kurtsikidze)

15 minutos. El Parlamento de Georgia, dominado por el partido gobernante Sueño Georgiano, desechó formalmente el proyecto de ley sobre agentes extranjeros. La medida se tomó tras las multitudinarias protestas que suscitó su aprobación en primera lectura el pasado martes.

Sueño Georgiano y el movimiento Fuerza del Pueblo anunciaron el jueves que revocaban el proyecto. La oposición lo denunció como un instrumento para reprimir la disidencia al igual que lo hace Rusia con una ley similar.

Sin embargo, el reglamento del Legislativo señala que un proyecto de ley aprobado en primera lectura no puede ser retirado y debe continuar su tramitación hasta su rechazo o aprobación.

Por ello, el proyecto se sometió este viernes a votación en un breve pleno del Parlamento de Georgia. Recibió 35 votos en contra y solo uno a favor.

Un segundo proyecto de ley, que contemplaba severas sanciones contra quienes incumplieran la normativa sobre agentes extranjeros y que no llegó a ser examinado por el Legislativo, fue revocado por sus promotores.

Las protestas y los enfrentamientos de martes y miércoles entre manifestantes y efectivos de la Policía antidisturbios, que empleó carros lanza agua y gases lacrimógenos, se saldaron con más de 130 arrestos y 60 agentes de la fuerza pública heridos.

Según el Ministerio del Interior, la mayor parte de los detenidos quedó en libertad.

Las normas

A finales de febrero en el Parlamento de Georgia se presentaron 2 proyectos de ley sobre agentes extranjeros. El primero trataba sobre la transparencia de la influencia extranjera; el segundo, sobre el registro de agentes extranjeros.

La primera versión, que respaldó el partido gobernante Sueño Georgiano y se aprobó en primera lectura, exigía a cualquier organización que reciba más del 20 % de su financiación del extranjero que se registre como "agente extranjero" so pena de multas sustanciales.

Tenían que presentar informes financieros regularmente. Además, las autoridades podían sancionarlos e incluso proscribirlos en caso de irregularidades.

La segunda versión, sobre el registro de agentes extranjeros, contemplaba tanto castigos administrativos como penales; específicamente, en caso de que las personas u organizaciones jurídicas con financiación extranjera eludan inscribirse como tales.

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