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Parlamento británico reanuda sus sesiones mañana

Once jueces del Supremo declararon "ilegal" la suspensión de las cámaras por parte de Boris Johnson.

Supremo consideró que la acción de Boris Johnson perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales" (Angeles Rodenas/EFE)

15 minutos. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, informó que dio instrucciones para que el Parlamento británico reanude mañana sus sesiones, después que el Tribunal Supremo declarara "ilegal" la suspensión de las cámaras.

En una declaración a los medios, Bercow anunció que espera que la Cámara de los Comunes reanude su actividad a las 11:30 hora local (10:30 GMT) de este miércoles.

Además precisó que en esta sesión no tendrá lugar el espacio semanal de preguntas al primer ministro, el conservador Boris Johnson.

El presidente de la Cámara baja manifestó su satisfacción por el dictamen del Supremo, pues dejó claro que el cierre del Parlamento impidió a los Comunes cumplir con sus funciones de supervisar la labor del Ejecutivo en momentos cruciales para el Reino Unido.

Bercow explicó que estuvo en contacto con los líderes de los partidos políticos para continuar mañana con las sesiones parlamentarias, después de que el Supremo, considerase "nulo" y "sin efecto" la suspensión del Parlamento de Westminster dispuesta por Johnson.

Los once jueces del Supremo llegaron a su dictamen de forma unánime, en un fallo histórico y que puso una vez más de manifiesto que el poder constitucional del Reino Unido reside en el Parlamento de Westminster.

Acción de Johnson

En agosto el primer ministro conservador le pidió a la reina Isabel II, jefa de Estado, la suspensión del Parlamento británico durante cinco semanas con el argumento de que quería presentar una nueva agenda de Gobierno.

El panel de magistrados valoró que el asesoramiento de Johnson a la reina Isabel II no se ajustó a la legalidad pues perseguía "frustrar o impedir" que el Parlamento desempeñara sus "funciones constitucionales".

El Supremo, que escuchó los distintos alegatos de las partes, tenía que examinar dos recursos diferentes: el de la Corte de Apelación de Escocia, que consideró ilegal la medida, y la del Tribunal Superior de Londres, que determinó que la cuestión era competencia política.

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