15 minutos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos denunció hoy que el régimen talibán ha ejecutado al menos a 72 personas ligadas al anterior Gobierno y a sus fuerzas de seguridad, pese a la amnistía general que prometió.
“Entre agosto y noviembre hemos recibido denuncias fiables de más de cien asesinatos de antiguos miembros de las fuerzas de seguridad y personas asociadas con el anterior Gobierno, y al menos 72 de ellas pueden atribuirse a los talibán” señaló la alta comisionada adjunta de la oficina de Naciones Unidas, Nada Al-Nashif.
En algunas de estas ejecuciones extrajudiciales “los cadáveres fueron mostrados públicamente, lo que ha exacerbado el miedo en una importante parte de la población”, añadió Al-Nashif en una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos para hacer un seguimiento de la crisis en Afganistán.
Al menos otros 50 ejecutados extrajudicialmente eran miembros de la rama afgana del Estado Islámico.
En estos casos se usaron “métodos brutales de ejecución que incluyeron ahorcamientos y decapitaciones”, subrayó la “número dos” del alto comisionado.
Regreso de todos los males anteriores
Al-Nashif también mostró la preocupación de Naciones Unidas por el reclutamiento de niños por parte del régimen talibán. Dijo que se advierte en la creciente presencia de menores en controles de seguridad, puestos de combate o incluso utilizados como guardaespaldas.
La alta comisionada adjunta también manifestó profunda inquietud por el retroceso en los derechos de mujeres y niñas.
Aunque el reciente decreto del 3 de diciembre sobre derechos de las mujeres presentado por los talibán “es una señal importante, aún deja muchas cuestiones sin resolver”, destacó Al-Nashif. Puntualizó que no aclara por ejemplo si habrá una edad mínima para contraer matrimonio o garantizará el acceso a la educación o el empleo.
De los 4,2 millones de niños que actualmente no van a la escuela, un 60 % son niñas, recordó Al-Nashif. Quien añadió que se ha prohibido a las mujeres ejercer la mayoría de los trabajos, exceptuando algunas labores sanitarias, educativas o de asistencia.
Se han cerrado los comercios operados por mujeres, impidiendo el acceso de éstas al mercado. Y “muchas tienen que ir acompañadas por un pariente masculino si salen de su domicilio”, criticó la alta comisionada adjunta.
