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Los sectores más pobres de la sociedad resultaron de manera general los más afectados por los abusos
La Oficina de Bachelet recibió denuncias sobre cuerpos de seguridad que emplean la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento (Martial Trezzini/EFE)
27 de abril de 2020 12:30 PM | Con información de EFE
15 minutos. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo este lunes que las medidas excepcionales y de emergencia adoptadas ante la pandemia de COVID-19 no deben servir de pretexto para que los gobiernos intenten aplastar a la oposición o reducir los espacios cívicos.
La necesidad de las medidas contra COVID-19 se reconoció por razones de salud pública, pero al mismo tiempo se advirtió que no deben usarse contra la oposición, para controlar a la población o para prolongar la estancia de un líder y su entorno en el poder.
La Oficina de Bachelet recibió denuncias que indican que los cuerpos de seguridad emplean la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento.
Las medida excepcionales "deben servir ni más ni menos" que para frenar la pandemia, dijo la responsable de comunicación Peggy Hicks, durante una rueda de prensa. De hecho, presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.
Los sectores más pobres de la sociedad resultaron de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.
En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.
Esto ocurrió en varios países, llegando a extremos en Nigeria. Allí asesinaron a 18 personas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden.
En Sudáfrica, se reportó la detención temporal de 17.000 personas por razones similares. Igualmente, en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.
La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó la detención de 120.000 filipinos por no respetar el toque de queda. Además, en dicho país, al principio de la crisis sanitaria su presidente, Rodrigo Duterte, dijo que se dispararía contra todo aquel que violara la medida.
Desde El Salvador se recibieron reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres. Por otra parte, en Honduras, la Policía se excedió en la disolución de protestas donde la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.
En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 ocurrieron en República Dominicana y 50.000 en Perú.
Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se advirtió.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU también subrayó que en algunos países las medidas y leyes contra el coronavirus "no están bien definidas". Por ello, a veces las medidas contra COVID-19 se aplican con tal dureza que parecen utilizarse para "amordazar a la oposición o la prensa".
Por otro lado, expertos de la ONU pidieron al Gobierno de Estados Unidos (EEUU) que utilice "alternativas" a la detención de migrantes en espacios insalubres donde permanecen, a la espera de que las autoridades decidan sobre su situación migratoria.
