15 minutos. Ayuda en Acción, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Cáritas y Manos Unidas advirtieron, en el Día Mundial de los Pueblos Indígenas que se celebra este 9 de agosto, de las barreras que el COVID-19 y el cambio climático están suponiendo para el desarrollo de los pueblos indígenas.
Esta es una jornada instituida en 1994 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este año se convoca bajo el lema “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y la llamada a un nuevo contrato social”.
Desde Ayuda en Acción quieren que se cuente con las comunidades indígenas para lograr una reconstrucción post pandemia “inclusiva y sostenible”. Esta puede funcionar “tanto para las personas como para el planeta”.
La organización apunta que las tribus indígenas representan 6,2% de la población -unos 476 millones de personas- mientras acumulan 15% de la pobreza mundial. Además, tienen un papel de “guardianes de la naturaleza” por el que se ocupan de 80% de la biodiversidad del mundo.
“Sin embargo, se sitúan entre los grupos más vulnerables”, advirtió la ONG. Destaca que la pobreza de las comunidades indígenas se agrandó desde el inicio de la pandemia de COVID y sufren los mayores efectos del cambio climático.
Protección y conservación
Para el responsable de Cambio climático de Ayuda en Acción, María José Bonilla, “es necesario que su valioso papel de protección y conservación” de la naturaleza “sea recompensado y reconocido mundialmente”. Es por eso que, indicó, la entidad trabaja “para mejorar” las “condiciones económicas y sociales” de estas tribus “salvaguardando su cultura”.
“No se trata de introducir nuevos elementos contrarios a su forma de vida, sino de rescatar esa sabiduría y educación propias para convertirlas en prácticas de conservación y restauración de los ecosistemas”, declaró Bonilla.
En este sentido, se refirió a la situación de Honduras, un país que vivió dos huracanes consecutivos, Eta e Iota, a finales de 2020. Allí, Ayuda en Acción puso en marcha el proyecto Carbono Azul junto con South Pole Group en La Muskitia hondureña, el pulmón verde del país. A través de la emisión de bonos de carbono y la conservación de más de 850.000 hectáreas protegidas, la mayoría de manglar, busca reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo plantea mejorar la vida de más de 100.000 personas de 4 etnias indígenas diferentes.
Con este proyecto estas etnias tomarán sus propias decisiones sobre cómo lograr un desarrollo sostenible acorde a sus características y su entorno.
La ONG interviene, además, en el país con el proyecto Corylus, en Yoro, a través del que facilita el acceso a energías limpias para más de 700 familias tolupanas y mestizas. Desarrollado junto a Energía sin Fronteras Y Funach este se basa en la electrificación de sus hogares a través de placas solares fotovoltaicas auto instalables.
Falta de información sobre las vacunas
Alianza por la Solidaridad-ActionAid, por su parte, denunció la falta de información sobre las vacunas en los idiomas nativos de los indígenas; así como la discriminación o la difusión de bulos sobre este tema.
Por eso piden que, en las donaciones de vacunas, se de prioridad a colectivos vulnerables como estos pueblos y, especialmente, a las mujeres indígenas.
“A la escasez de vacunas, en muchos de sus países, se une un grave deterioro de sus condiciones de vida, acrecentado por los impactos cada vez mayores del cambio climático, o de actividades extractivas que continúan provocando conflictos e invasiones a tierras indígenas”, indica la ONG. Agrega que “en muchos casos existió una conexión directa entre actividades de empresas dentro de las tierras indígenas y la llegada del virus a la población local”.
Así, señalan que las comunidades indígenas en América del Sur están experimentando mayor número de casos y muertes por COVID-19. También recuerda que países como Bolivia, Colombia, Perú o Guatemala, las comunidades indígenas campesinas llevan tiempo reclamando servicios de atención sanitaria y planes de vacunación que no llegan, aunque sí lo hizo el COVID-19.
Grupo prioritario
En otros países como Brasil, apunta la ONG, los indígenas que viven en sus tierras sí fueron incluidos como grupo prioritario. Sin embargo, las comunidades que viven en las ciudades y sus alrededores no fueron priorizados. “Están llegando muy pocas dosis, y de las que llegan muchas son donaciones”, cuenta Sofía Tot lideresa Poqomchí de las comunidades campesinas en Purulha Baja Verapaz (Guatemala). Por ello, Alianza por la Solidaridad-ActionAid estima que es imprescindible que patentes gratuitas de las vacunas “estén disponibles como bien común a nivel global para poder llegar a todos y cuanto antes”.
En la misma línea se manifiesta Cáritas. Para esta ONG el impacto de la pandemia causada por la COVID-19 agudizó las grandes brechas preexistentes antes de la crisis sanitaria. Se evidenciaron las desigualdades estructurales que afectan a las comunidades indígenas en el acceso a la salud, la educación o la tecnología. También se visibilizó la discriminación por parte de las políticas públicas estatales.
Como señala Fernando Foncillas, técnico del Área de Cooperación Internacional de Cáritas, “las voces de los pueblos indígenas siguen sin tenerse en cuenta y la crisis sanitaria agudizó esta problemática”.
“No sólo se han tenido que proteger de la pandemia, que los ha golpeado con fuerza. También han tenido que defenderse del aumento de las actividades ilegales que afectan a la tala de sus bosques y de la amenaza latente de la minería ilegal en un contexto donde los gobiernos han invisibilizado sus necesidades”, añade Ana Cristina García Morales, coordinadora de América Latina del Área de Cooperación Internacional.
Violencia de mil caras
En los últimos años, la Confederación Cáritas en España apoyó 36 proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria con poblaciones indígenas de todo el mundo. De ellos, 28 se llevaron a cabo en América Latina, mayoritariamente en la Amazonia, y otros 8 en Asia. Se estima que unos 147.000 indígenas fueron acompañados a través de estos programas. En total, ascienden a 13.53 millones de dólares los fondos destinados a esos programas, desarrollados por Cáritas locales de Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Colombia, Guatemala, Bangladesh y Filipinas.
Manos Unidas también denuncia la “violencia de mil caras” a la que se enfrentan los pueblos indígenas de América Latina y que aumentó durante la pandemia de la COVID-19. Los socios locales de la organización denunciaron el abandono institucional y la criminalización que sufren los indígenas. También advierten que la pandemia “ha agravado y hecho más visibles las desigualdades” que soporta la población indígena. Asegura que tienen “casi tres veces más” probabilidades de vivir en extrema pobreza que la no indígena, según Naciones Unidas.
Asesinato de líderes indígenas
Según datos del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas, durante la pandemia hubo una docena de asesinatos de líderes indígenas solo en la Amazonía peruana. El pueblo más golpeado fue el kakataibo, con 4 líderes asesinados. En este caso, es el narcotráfico la principal causa de las amenazas y ataques.
Actualmente, hay 476 millones de indígenas en el mundo -6,2% de la población global-. Estos sufren una mayor vulneración de sus derechos, con graves dificultades de acceso a la salud, a la educación y a la toma de decisiones sobre su propio desarrollo, según precisa Manos Unidas.
En 2020, según recuerda la ONG citando datos de Front Line Defenders, en América Latina hubo 264 asesinatos de defensores de derechos. El 40% de ellos se relaciona con la defensa de los territorios y los derechos de los pueblos originarios.
